Más de 500 personas llegaron a la vereda Santa Helena en La Calera para debatir el futuro de la prórroga que pidió la empresa Sociedad Indega S.A., filial de Coca-Cola para continuar con la concesión de aguas subterráneas.
Cabe mencionar que esta concesión está desde 1984 y cada 10 años se renueva. Sin embargo, en diciembre de 2024 se pidió una prórroga en el contrato por otros 10 años. Un hecho que ha generado división de opiniones entre los ciudadanos de este municipio cercano a Bogotá, teniendo en cuenta la crisis que hubo en la capital con los bajos niveles de agua y que obligó a más de 8 millones de ciudadanos a vivir con el racionamiento de este líquido.
Desde temprano, diferentes personas llegaron a la asamblea para exponer su punto de vista. Hay quienes consideran que se debe dar esa prórroga puesto que, trabajadores de la empresa, alegan que se quedarían sin empleo si esta prórroga no se realiza.
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Mientras que otros sectores de la comunidad alegan que no se puede pagar con dinero los recursos naturales. Además, en todo el tiempo del contrato no hay beneficios para la población, por ejemplo, en el mejoramiento de las vías o aportes a los ecosistemas del territorio.
A su vez, la comunidad argumentó que desde hace años tienen racionamiento de agua por días.
⚖️🚰#MedioAmbiente | Hoy se lleva a cabo la audiencia pública ambiental que definirá el futuro de la concesión de agua a la empresa @CocaColaCol, ubicada en La Calera, Cundinamarca.
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Concesión a Sociedad Indega S.A., filial de Coca-Cola
En diciembre de 2014, la CAR renovó por un término de 10 años la concesión de aguas subterráneas a la sociedad Indega S.A., disminuyendo el caudal total a 3,23 litros por segundo, de siete manantiales localizados en la vereda Santa Elena del municipio de La Calera.
En mayo de 2024 la sociedad Indega S.A. solicitó la prórroga de esta concesión, y a partir de ese momento la Corporación inicio un proceso de evaluación dentro del trámite correspondiente.
Desde el inicio del trámite administrativo, las juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias, veedores, líderes y colectivos ambientales, consorcios de abogados, entidades y diferentes instituciones manifestaron su interés de ser reconocidos como terceros intervinientes, por lo cual la CAR mediante actos administrativos garantizó y reconoció este derecho.
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