Magistrado de la JEP explica el trasfondo de la cifra 6402

En el marco de las más reciente audiencias para el reconocimiento de la verdad (audiencias restaurativas), dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez expresó que “6402” no es un número cualquiera, sino una cifra que tiene detrás rostros e historias verdaderas, que hoy, el país está conociendo. 

Las Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) publicaron las declaraciones en su cuenta de la red social X:

En tiempos donde reaparecen quienes quieren hacer como si el horror de los falsos positivos fue parte de nuestra imaginación. Quienes quieren mentir o relativizar… la verdad sigue imponiéndose. pic.twitter.com/o36PzSRUCW

— Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) March 19, 2026

A partir de lo expresado por el magistrado, se observa que 6402 es un dato en el que se compila el horror de los casos, y con ello, se dan bases para el reconocimiento de la magnitud de los hechos, facilitando que se pueda gestionar la indignación, y que se avance en el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, que ha sido bastante esquivo en Colombia.

Debe recordarse que los “falsos positivos” son homicidios de personas inocentes, que fueron presentadas como bajas en combate a cambio de diferentes beneficios, e incluso, solamente, con el propósito de presumir resultados. 

La cifra fue revelada por la JEP, en 2021, a partir de bases de datos de diferentes fuentes que dan seguimiento a hechos sobre violaciones a los derechos humanos entre 2002 y 2008 (Auto 033 del Caso 3: asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado). 

Tras ello se han adelantado acciones de búsqueda de las víctimas fatales (pues algunas de ellas además de asesinadas, fueron desaparecidas), de acompañamiento a las víctimas buscadoras y a las comunidades afectadas, así como investigación, esclarecimiento de los casos y reconocimiento por parte de los perpetradores y de las instituciones. 

Esto también muestra que 6402 no es un dato absoluto, sino que, a la par de las investigaciones, puede ser actualizado, más aún, teniendo en cuenta que las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones del país no se limitan al periodo establecido por la JEP (de 2002 a 2008).

La “caída moral de las instituciones” 

Los falsos positivos parten de delitos que se pueden catalogar de “agravados”, ya que los principales involucrados son agentes del Estado, quienes eran responsables de proteger la vida de los ciudadanos, y no, sorprendentemente, de hacer todo lo contrario. 

Sin embargo, los perpetradores directos, no son los únicos responsables. Como lo señaló el magistrado Salazar, la vergüenza corresponde a quienes cometieron los hechos, pero también a la justicia que no hizo lo que era su deber frente a la investigación, sanción y prevención de los hechos, como a toda la sociedad adormecida ante la violencia.

En sus declaraciones introductorias en la audiencia, indicó que la cifra de referencia 6402 es una evidencia de la “página de horror” que constituyen los falsos positivos en la historia reciente del país, pues el dolor que se ha causado es inmenso e irreparable, en un contexto en el que se abandonó a las víctimas para que pudieran ser sometidas a manipulación, engaño, tortura, asesinato y desaparición, pero también, sometiendo a sus familiares y amigos al mismo abandono, cuando los estaban buscando y necesitaban justicia, pues han tenido que espera veinte o más años, para que haya una aproximación al esclarecimiento de los hechos y a la entrega de los restos de sus seres queridos. 

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Un solo caso debería ser suficiente para indignar al país, y en su momento, movilizar todas las acciones necesarias para prevenir nuevos hechos, por lo que 6402, a pesar de ser un número tan significativo, no alcanza a representar la dimensión de la desolación y de la ausencia de verdad y justicia que han padecido las familias durante tantos años.

Para tener una idea de la magnitud de estos hechos, 6402 puede compararse con la población de colombianos que habita las islas de Providencia y Santa Catalina en el Archipiélago de San Andrés. De esta forma, con los falsos positivos se quitó la vida a más personas de las que en la actualidad son habitantes de este territorio. 

De acuerdo con la información demográfica del país, 235 municipios tienen menos de 6400 habitantes (el 21% del total de estas entidades territoriales), de forma que los falsos positivos son como si se perdiera la vida de más que todos los habitantes de alguno de estos municipios en un lapso de seis años. 

Son “crímenes masivos, sistemáticos y crueles”, de los que ha habido revictimización 

El magistrado Salazar resumió que los casos son “crímenes masivos, sistemáticos y crueles”. Es decir, que no se trató de práctica aisladas, sino de un proceso estructurado y organizado, que brindaba condiciones para que se cometieran los asesinatos y para que pudieran ser encubiertos como resultados, de forma que se instrumentalizaran para dar una imagen positiva (en vez de revelar el horror de estos hechos).

Con esto, se facilitaba que se siguieran cometiendo cada vez más homicidios y que lo responsables, se sintieran confiados de su impunidad.

Las mismas personas que hoy reconocen los hechos, han señalado que las víctimas fueron elegidas aleatoriamente, y que fueron conducidas a su sometimiento y ejecución por medio de engaños. 

Una vez sucedían los hechos, las familias eran revictimizadas de diferentes modos, primero poniendo en duda sus denuncias y señalando a las personas de merecer lo que les había pasado, pero, sobre todo, con la respuesta tardía, en la que tuvieron que pasar varios años para que les entregaran dignamente los restos mortales de sus seres queridos y para que se llegara a algún grado de esclarecimiento de lo sucedido, algo que todavía está pendiente en varios casos. 

En cada falso positivo hay una vida que se trunca, con sus capacidades y sus sueños, pero también una familia y una comunidad, que ya no serán las mismas, pues son “ausencias tempranas” irremplazables, que además, se ven profundizadas por la espera de verdad y de justicia. 

La reflexión del magistrado es contundente: “¿en qué momento alguien creyó que el crimen de inocentes y la mentira llevarían a la paz y al orden social?”

Ante la magnitud del conjunto de hechos representados en 6402, era cuestión de tiempo para que la verdad fuera inocultable, y para que las familias dejaran de ser invisibilizadas. 

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Ni excusas, ni negacionismo

Como se explicó en la audiencia, el daño es irreparable, pues no se pueden volver a la vida a las personas inocentes que fueron asesinadas, ni se puede devolver el tiempo para atender los casos de modo oportuno. 

Por la gravedad de esta situación, resulta sorprendente que todavía hoy las familias y amigos de las víctimas directas, sigan siendo hostigados, desmentidos, burlados y revictimizados. 

Aunque los hechos ya no pueden ser escondidos, permanentemente se difunden declaraciones, alegatos airados, señalamientos y evasivas que irrespetan la memoria de las víctimas y el dolor de sus allegados. 

Como una práctica recurrente se encuentra que la cifra es utilizada para descalificar y atacar al gobierno, sin tener en cuenta que lo que se está mancillando es la dignidad de las víctimas, y que los ataques recaen sobre sus seres queridos, especialmente, las madres que perdieron a sus hijos. 

Por el contrario, en la audiencia de la JEP se resaltó la necesidad de dar prioridad al reconocimiento de la inocencia de las víctimas, pues lo cometido contra ellos es una injusticia, que viola los derechos humanos y la Constitución Política del país, pues en Colombia no existe la pena de muerte, mucho menos por hechos como estar buscando trabajo, o por ser un joven con discapacidad que no desconfiaba de las personas. 

La JEP busca que la justicia esté mediada por la verdad, por lo que, finalmente, el magistrado Salazar señala que no debe ser confundida con la venganza, sino en avanzar en el esclarecimiento de los hechos, para que haya reparación y reconciliación.

Para los perpetradores directos, es una oportunidad para aportar al proceso y resarcir, en algún grado, los daños causados, pero también, para “liberarse del peso del silencio”. Aunque cueste entenderlo, muchas de estas personas también fueron convencidas de que estaban aportando a una causa, de que se necesitaba mostrarle al país el “éxito” en la confrontación a cualquier costo. 

Al final son ellos los que también cargan con la realidad del conflicto, cuando muchos pensaron que estarían prestando un servicio y sacrificándose por el bien común, pero terminaron envueltos en las dinámicas de la degradación de la guerra. Esto no significa que deban ser exculpados, sino la comprensión de la complejidad de los hechos, y la importancia de la reparación y la no repetición.

El reconocimiento también es opuesto a las justificaciones o excusas, pues significa aceptar que lo que se hizo no estuvo bien, así como, las afectaciones para todas las personas que han sufrido por los hechos. 

Por esto es que también, el reconocimiento implica verdad, la cual es necesaria para honrar la memoria de quienes fueron acusados falsamente, pues para restaurar su dignidad se debe mostrar que eran jóvenes inocentes, buenos hijos, trabajadores. 

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