La Defensoría del Pueblo hizo un fuerte pronunciamiento contra la estigmatización de la comunidad indígena Embera por parte de autoridades distritales, tras los señalamientos realizados por el secretario de Seguridad de Bogotá, quien sugirió que la Guardia Indígena estaría “reclutando” menores de edad.
“La Guardia Indígena no es un grupo armado ni es ilegal. Es una forma legítima de organización reconocida por la Constitución”, afirmó la Defensoría, al tiempo que exigió a las autoridades distritales adoptar un enfoque antirracista y de diversidad cultural en la atención a esta población históricamente afectada por el conflicto armado.
La Defensoría del Pueblo rechaza la estigmatización contra pueblos indígenas por autoridades de Bogotá y llama a los líderes del pueblo indígena a proteger los derechos de la niñez Emberá.
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La Secretaría de Integración Social, a través de su Secretario Roberto Angulo, ha venido insistiendo en una supuesta "instrumentalización de menores de edad" por parte de las autoridades indígenas para presionar al Gobierno Nacional en sus demandas. Este discurso se ha venido reiterando e intercalando en las redes sociales con denuncias sobre la manipulación de niñas y niños en la comunidad asentada la Unidad de Protección Integral de 'La Rioja', en la localidad de Los Mártires en Bogotá, sobre la avenida Caracas con calle 4. Una estrategia que, dada la combinación de estas dos situaciones que denuncia la entidad distrital, crea un ambiente de estigmatización en contra de una comunidad que se ha movilizado de manera colectiva históricamente, buscando resolver una tragedia humanitaria a causa de la violencia y la exclusión.
🏦🏳️La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó la estigmatización por parte de las autoridades de Bogotá hacía la comunidad indígena Emberá que se encontraba en las inmediaciones del Parque Nacional.
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El acuerdo para el traslado de algunas familias Embera que se encontraban en el Parque Nacional se logró —según el organismo— gracias a un trabajo articulado entre el Distrito, el Gobierno nacional y el acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo.
“Rechazamos cualquier forma de instrumentalización de la niñez”
Sin embargo, la Defensoría fue enfática en rechazar el uso de niños, niñas y adolescentes en contextos de protesta, pero también en denunciar las narrativas oficiales que criminalizan sus formas de organización cultural. “No se puede hablar de reclutamiento cuando se trata de cuerpos de formación para la pervivencia cultural”, señaló el organismo.
En su pronunciamiento, la entidad también expresó que las afirmaciones del secretario de Seguridad reflejan un grave desconocimiento de los derechos indígenas y una actitud racista arraigada en sectores del poder institucional. A pesar de que el Distrito ha implementado estrategias multidisciplinarias para enfrentar la situación de esta comunidad en las calles, el discurso estigmatizador termina generando un ambiente poco favorable en materia de inclusión afectando el bienestar de la comunidad en donde se encuentre.
La Alcaldía insiste en su compromiso
Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha asegurado que su actuación ha priorizado a la niñez Embera y ha reiterado su compromiso con un retorno seguro, digno y voluntario a los territorios ancestrales. Informó que se desplegaron acciones humanitarias para atender a más de 70 niños y niñas expuestos a la intemperie, con atención en salud, protección y limpieza del espacio público.
Sin embargo, la Defensoría recordó que ninguna acción institucional puede justificar la estigmatización de una comunidad, y que las decisiones deben tomarse en concertación, respetando su autonomía, cosmovisión y estructuras de gobierno propias.
“El retorno no es una obligación, es un derecho”
En su declaración, la Defensoría insistió en que el retorno de las familias Embera debe ser voluntario y con garantías reales. Alertó que el racismo estructural y la violencia histórica han puesto a esta comunidad en condiciones extremas de vulnerabilidad, y que cualquier intervención debe contribuir a su reparación integral, no a su revictimización.
“El Distrito debe reconocer a las comunidades indígenas como verdaderos ciudadanos, sin perjuicio de su derecho a regresar a sus territorios si así lo deciden”, concluyó el organismo.
