Estado reconoce a 15 víctimas de falsos positivos en el Caribe colombiano

Sus nombres aparecieron en partes de guerra como enemigos abatidos. Eran, en realidad, civiles. Dos décadas después, sus rostros e historias ocuparon la portada de un periódico regional: no como cifras de un conflicto, sino como personas cuya dignidad el Estado se comprometió formalmente a restituir.

Este martes, en Santa Marta, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) dio por cerrado el noveno proceso restaurativo impulsado bajo el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que vinculó a 40 militares activos y retirados, pertenecientes al Gaula Magdalena y al Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 José María Córdova (Bicor), con 17 víctimas indirectas de casos de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada registrados en Magdalena y Atlántico.

El acto, denominado "La voz de los que ya no están", reunió a comparecientes y familiares alrededor de una apuesta inusual: la reconstrucción colectiva de una verdad que durante años fue enterrada junto con las víctimas. 

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Entre 2002 y 2008, al menos 15 personas fueron retenidas, desaparecidas y posteriormente presentadas de manera ilegítima como bajas en combate por integrantes de estas unidades militares. El proceso, que se extendió por siete meses, buscó no solo esclarecer los hechos, sino generar las condiciones para que los comparecientes reconocieran su responsabilidad ante quienes más sufrieron las consecuencias.

Fue presentada la exposición sonora "Voces de la esperanza: interrumpir el silencio", construida de manera conjunta entre víctimas y militares comparecientes, en la que ambas partes narran, con sus propias voces, lo vivido durante el proceso.

"Estos ejercicios permiten ver las transformaciones que viven las víctimas cuando participan en procesos restaurativos, y también las de los comparecientes al reconocer su responsabilidad y contar la verdad", afirmó Alejandra Miller, directora de la ARN, durante el acto.

Miller señaló que desde 2025 la entidad ha desarrollado procesos similares en regiones como Antioquia, Huila, Tolima, Cesar, Norte de Santander, Casanare y Córdoba, todos enmarcados en el cumplimiento del punto cinco del Acuerdo Final de Paz, referido a las víctimas del conflicto.

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El caso del Caribe colombiano representa así un eslabón más en la cadena de verdad que la JEP intenta construir sobre uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado: los llamados "falsos positivos", crímenes que durante años permanecieron ocultos bajo la lógica de los resultados militares y que hoy, lentamente, comienzan a tener nombre, cara y lugar en la memoria del país.

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