Según indagaciones de la Contraloría y la Fiscalía los siete inmuebles, que entraron en proceso de extinción en Bogotá y Norte de Santander, estaban relacionados con irregularidades en un contrato de pavimentación de la red vial secundaria del departamento, presuntos delitos de peculado por apropiación, incumplimiento de contrato y un posible detrimento patrimonial.
Los predios están vinculados a un contrato adjudicado durante las administraciones de los exgobernadores William Villamizar Laguado (2008–2011) y Édgar Díaz Contreras (2012–2015).
De acuerdo con las investigaciones, el proyecto contaba con estudios y recursos aprobados, pero su ejecución fue deficiente.
“Esta investigación que adelantó la Fiscalía lleva a que se entreguen estos bienes avaluados en más de 3.400 millones de pesos que ahora van a ser administrados por la SAE", dijo Amelia Pérez directora de la SAE.
El contrato contemplaba la entrega de materiales pétreos por parte de la empresa Trituradora La Roca, los cuales no fueron suministrados en su totalidad. Parte del material fue desviado a obras de menor impacto, y los predios adquiridos con recursos públicos nunca cumplieron con la finalidad pactada.
La SAE, en su rol como administradora de activos afectados por actividades ilícitas, reafirma su compromiso con la transparencia, la recuperación del valor público de los bienes y la protección del patrimonio de la Nación.
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