La Corte Constitucional avaló únicamente los apartados del decreto relacionados con la emergencia humanitaria.

Debilitamiento de la inteligencia militar, reducción de capacidades antidrón y limitaciones en la movilidad aérea, serían las consecuencias sobre el despliegue de la fuerza pública en la región del Catatumbo.

Sin embargo, el Gobierno prorrogó por 90 días 11 decretos expedidos para el Catatumbo y 15 municipios más de Norte de Santander.

El presidente Petro junto con el gabinete de ministros presentaron en Tibú los planes de acción para transformación integral de la región y la construcción de paz territorial.

En el Catatumbo, la violencia desatada por el ELN, las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales ha generado una grave crisis humanitaria, con cerca de 40 mil desplazados.