El traslado de los exdirectivos de la UNGRD fue confirmado por el presidente Abelardo De la Espriella, quien aseguró que no habrá privilegios para los procesados por el escándalo.

Una investigación señala presuntas irregularidades durante su gestión como alcalde de Bucaramanga luego de la modernización del sistema de iluminación de la ciudad.

Además de la inhabilitación, la corte impuso a Le Pen una multa de 100.000 euros y una pena de tres años de prisión bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico.

La Corte Suprema también inhabilito a Tatiana Cabello para ejercer derechos y funciones públicas durante 116 meses y le impuso una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales.

La Contraloría de Bogotá encontró graves fallas en mecanismos de control y afirmó que esos recursos podrían haber atendido a más menores de edad en condición de vulnerabilidad.