Según la Defensoría del Pueblo, 12 alcaldes y diversos funcionarios públicos se han visto obligados a despachar fuera de sus localidades.

El excongresista es acusado de asesinato, secuestro y desplazamiento contra, por lo menos, 30 líderes por motivos políticos.

Cerca de 1500 personas de comunidades étnicas de Chocó tuvieron que salir de sus territorios hacia las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita.

Se registran desplazamientos en Tame, Saravena, Arauquita, Fortul y Arauca.

Estas cifras resultan preocupantes para la Defensoría pues en comparación con el mismo trimestre de 2020.