¿Por qué cerró Presto en Colombia? Deudas por $31.000 millones y una crisis financiera llevaron a su liquidación

La cadena colombiana de hamburguesas Presto enfrenta una de las etapas más difíciles de su historia. La empresa Franquicias y Concesiones S.A.S., encargada de operar la marca en el país, fue enviada a liquidación judicial luego de incumplir los compromisos financieros que había adquirido para intentar superar su crisis económica.

La decisión, adoptada por la Superintendencia de Sociedades, se produjo después de que la compañía no lograra cumplir el acuerdo de reorganización empresarial pactado en abril de 2026. El proceso buscaba facilitar el pago de sus obligaciones y darle un margen de maniobra para continuar operando, pero las dificultades financieras impidieron que el plan avanzara como se esperaba.

El problema central fue una deuda cercana a los $31.000 millones, sumada a una reducción considerable del flujo de caja y a los retrasos en el pago de gastos administrativos necesarios para mantener el negocio en funcionamiento.

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¿Cuáles fueron las razones de la crisis de Presto?

La situación de la compañía no se explica por un solo factor. De acuerdo con la información disponible, la marca acumuló dificultades financieras que terminaron por comprometer su capacidad de operación.

Uno de los principales problemas fue el incumplimiento de los pagos acordados con sus acreedores. La empresa había recurrido a un proceso de reorganización para buscar una salida a sus obligaciones, pero no consiguió reunir los recursos necesarios para responder a los compromisos establecidos.

A esto se sumó la falta de liquidez. La disminución del dinero disponible afectó la capacidad de cubrir oportunamente los gastos administrativos y otras obligaciones básicas, una situación que dificultó la continuidad de las operaciones.

La crisis también estuvo relacionada con las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, que debilitaron las finanzas de la compañía. A ese escenario se añadió la competencia en el mercado de comidas rápidas, donde Presto debía disputar clientes con marcas como El Corral y McDonald's.

La combinación de endeudamiento, dificultades de caja y presión competitiva terminó por reducir las posibilidades de recuperación de la empresa.

¿Por qué la empresa pasó de la reorganización a la liquidación?

La reorganización empresarial busca que una compañía con problemas financieros pueda negociar sus deudas y continuar desarrollando su actividad económica. Sin embargo, ese mecanismo depende de que el negocio tenga posibilidades reales de recuperarse y cumpla las obligaciones pactadas.

En el caso de Presto, la empresa no logró atender los compromisos adquiridos en el acuerdo de abril de 2026. Además, su máximo órgano social reconoció que ya no existían condiciones suficientes para continuar operando bajo la figura de negocio en marcha.

Ante ese panorama, la apoderada de la compañía solicitó formalmente la liquidación el 30 de septiembre de 2026. La decisión quedó en firme el 13 de octubre del mismo año.

La liquidación judicial abre una etapa en la que se deben administrar y realizar los activos de la empresa para atender sus obligaciones conforme al procedimiento legal. Esto no significa que las deudas desaparezcan ni que todos los acreedores vayan a recuperar necesariamente la totalidad del dinero que se les adeuda.

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¿Van a cerrar todos los restaurantes Presto?

No necesariamente. Uno de los puntos más importantes para los consumidores, los trabajadores y los proveedores es que el inicio de la liquidación judicial no implica el cierre inmediato y automático de todos los puntos de venta.

La continuidad de los restaurantes dependerá de las decisiones que se adopten durante el proceso y de las posibilidades de mantener una operación viable mientras se define el futuro de la compañía.

En ese contexto, la liquidadora designada, Mónica Macías, adelanta la búsqueda de un comprador o inversionista interesado en adquirir la empresa y mantener activa la operación.

La posibilidad de encontrar un interesado representa una alternativa para preservar el valor comercial de la marca y reducir el impacto sobre los empleos. Sin embargo, mientras no se concrete una negociación, no existe garantía de que todos los establecimientos continúen funcionando.

Por eso, la liquidación de la empresa operadora no debe interpretarse, por sí sola, como el anuncio de que cada restaurante cerrará sus puertas de inmediato.

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