Un juez de Bogotá negó por improcedente la tutela presentada por Paloma Valencia y otros congresistas del Centro Democrático contra el decreto de emergencia económica.

El paquete de medidas para la Emergencia Económica proyecta un recaudo de 11,1 billones de pesos y responde al desequilibrio y al riesgo macroeconómico tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento de 2026 en el Congreso.

El Gobierno planea eliminar la prima especial de congresistas, creada en 2013, como parte de medidas para reducir gastos del Estado y promover la austeridad.

La declaratoria busca fortalecer las finanzas públicas, proteger programas sociales y garantizar salud, educación y seguridad sin afectar a la población trabajadora.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó que el Congreso activara control político por el decreto de emergencia económica enfocado en gravar a los más ricos, mientras hundió reformas sociales para los más pobres.