La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud la creación de un mecanismo que le permita a los médicos en Colombia formular servicios excluidos de financiación pública.
Se trata de los recursos aprobados con el Acuerdo de Punto Final que no hayan sido pagados a la fecha. Esta orden deberá cumplirse en el término de 2 meses.