La medida busca verificar la existencia de riesgos reales, optimizar el gasto público y mantener la protección de quienes enfrentan amenazas comprobadas.

La decisión se dio tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay y nuevas amenazas digitales contra familiares de funcionarios del Ejecutivo. “Incluida mi hija Antonella”, advirtió el mandatario.