ONG denuncia que Bukele tiene 86 presos políticos en El Salvador, algo que no ocurría desde la guerra civil

Por primera vez desde los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a la guerra civil, El Salvador tiene presos políticos. Esa es la conclusión central del informe que presentó este jueves en Ciudad de Guatemala la organización humanitaria Cristosal, que lleva dos años documentando lo que describe como un sistema de persecución política bajo el gobierno de Nayib Bukele. "Por primera vez después de los acuerdos de paz, del conflicto armado, podemos hablar de que hay presos políticos en El Salvador", afirmó René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, en rueda de prensa.

El informe identifica 86 personas detenidas por motivaciones políticas y al menos 245 casos de persecución en total, entre detenidos, amenazados, seguidos y estigmatizados públicamente. La organización advierte que la cifra real podría ser mayor.

Quiénes son los detenidos

El perfil de los 86 presos políticos identificados por Cristosal no es el de pandilleros ni criminales. Son, en su mayoría, defensores de derechos humanos críticos de la guerra antipandillas de Bukele, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas. Entre los casos más conocidos está el de Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de la propia Cristosal, detenida el 18 de mayo de 2025 y acusada de enriquecimiento ilícito por una Fiscalía que el informe describe como afín al gobierno. Amnistía Internacional la considera presa de conciencia.

Esta semana, Amnistía Internacional expresó además preocupación por el activista Fidel Zavala, detenido el 25 de febrero de 2025 cuando asesoraba a una comunidad en riesgo de desalojo. El abogado constitucionalista Enrique Anaya, crítico de Bukele, fue detenido en junio acusado de lavado de dinero.

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El mecanismo: prisión preventiva como castigo anticipado

Cristosal no solo documenta los casos sino el patrón que los une. Desde 2021, cuando el gobierno tomó el control de las instituciones de justicia, se consolidó una estrategia de criminalización penal que usa la prisión preventiva como forma de represión antes de que haya condena. De los 86 detenidos, solo siete han sido condenados. El resto espera juicio, en algunos casos desde hace más de un año.

El hostigamiento incluye amenazas, seguimientos, estigmatización pública y acciones judiciales no penales. "En El Salvador se vive un estado permanente de miedo. La gente tiene miedo a levantar su voz, a defender a otros", dijo Valiente. El director de Cristosal, Noah Bullock, fue más directo: "En el fondo del tan afamado modelo Bukele hay un régimen como tantos otros, una dictadura que mata, que tortura, que roba y que persigue".

El gobierno lo niega; las cifras del estado de excepción

El gobierno salvadoreño no se ha pronunciado sobre el informe de este jueves. En una reciente visita a España, el vicepresidente Félix Ulloa negó que se encarcele a personas por expresar opiniones y afirmó que el 97% de los salvadoreños apoya la continuación del estado de excepción porque se sienten seguros. Bukele, que gobierna bajo ese régimen desde 2022, ha dicho públicamente que no le importa que lo llamen dictador.

Bajo el estado de excepción, unas 91.000 personas han sido detenidas sin orden judicial, señaladas de pertenecer a pandillas o de ser cómplices. La criminalidad cayó a mínimos históricos según cifras oficiales, y eso le ha dado a Bukele altos niveles de popularidad dentro del país y un modelo que varios gobiernos de la región han intentado replicar.

Cristosal operó en El Salvador hasta julio de 2025, cuando se trasladó a Guatemala argumentando que el propio gobierno la perseguía. Desde allí ha continuado documentando los casos que su equipo ya no puede investigar libremente en territorio salvadoreño.

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