Protestas en Francia: autoridades niegan que la policía tenga órdenes de enfrentarse a estudiantes

El Gobierno francés aseguró que la policía no tiene órdenes de enfrentarse a los estudiantes que participan en las protestas por las condiciones de los centros de educación secundaria. La declaración llegó en medio de una creciente presión política y social por los casos de violencia registrados durante las movilizaciones.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión temporal del uso de granadas aturdidoras en las manifestaciones de estudiantes de liceos. La medida busca esclarecer varios incidentes que han dejado heridos y han provocado una fuerte reacción en distintos sectores del país.

Uno de los casos que más impacto ha causado es el de un estudiante de 15 años que perdió una mano en Lens, en el norte de Francia, después de que una granada utilizada por la policía explotara cerca de él. Otro adolescente, de 14 años, sufrió la pérdida de varios dientes tras la detonación de una granada de gas lacrimógeno a corta distancia.

La gravedad de estos episodios ha aumentado la presión sobre el Ejecutivo. "Hizo falta que varios niños quedaran mutilados de por vida", cuestionó Manuel Bompard, dirigente de La Francia Insumisa, al valorar la decisión del Gobierno de retirar temporalmente este tipo de dispositivos de las protestas estudiantiles.

Horas después del anuncio de Nuñez, el primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó que las fuerzas de seguridad "no tienen instrucciones de enfrentarse a los estudiantes" y defendió la actuación policial en vísperas de una nueva jornada de movilizaciones prevista para este jueves.

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Investigaciones por presuntos abusos en las protestas en Francia

La tensión también se trasladó al ámbito judicial. Un estudiante de 17 años denunció que un policía intentó ahogarlo durante una intervención en Belfort, en el este del país. El joven aseguró que el agente le mantuvo la cabeza bajo el agua mientras intentaba detenerlo.

La fiscalía de Vesoul abrió una investigación por un posible intento de homicidio y encargó las diligencias a la Inspección General de la Policía Nacional, conocida como IGPN, con el objetivo de garantizar la imparcialidad de la investigación.

El Gobierno ha informado de que, desde el inicio de las protestas, 215 estudiantes, 715 policías y 85 trabajadores de centros educativos han resultado heridos. Además, más de 6.500 personas, en su mayoría menores de edad, han sido detenidas durante las movilizaciones.

Nuñez confirmó también la apertura de 18 investigaciones internas relacionadas con posibles conductas indebidas de agentes.

Aunque la mayoría de las manifestaciones han transcurrido de forma pacífica, algunas terminaron con enfrentamientos, lanzamiento de objetos y quema de contenedores. El Ejecutivo rechazó el martes las acusaciones de una estrategia de "represión policial", después de una jornada que reunió a unas 256.000 personas entre estudiantes, profesores y padres.

Una crisis que se cruza con el presupuesto

La controversia ocurre además en un momento especialmente delicado para el Gobierno. El Parlamento comenzó a analizar el proyecto de presupuestos para 2027, que contempla un ajuste de unos 60.000 millones de dólares para contener el déficit y hacer frente a una deuda pública en niveles récord.

La discusión presupuestaria se desarrolla a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027, una circunstancia que complica aún más el margen político del Ejecutivo.

Mientras tanto, organizaciones estudiantiles y universitarias reclamaron una reunión con Lecornu y cuestionaron la falta de medidas concretas para responder a sus demandas.

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Los sindicatos de la educación tampoco han dado por cerrada la movilización. Varias organizaciones convocaron huelgas y nuevas manifestaciones para este jueves, por lo que el Gobierno afronta otra jornada de protestas bajo una presión creciente.

La decisión de suspender las granadas aturdidoras supone, por ahora, un intento de rebajar la tensión. Pero las denuncias de violencia, las investigaciones abiertas y la continuidad de las protestas mantienen abierto un conflicto que ya ha adquirido una dimensión política nacional.

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