El Estado colombiano admitió oficialmente su responsabilidad por el asesinato de María del Consuelo Ibargüen Rengifo, ocurrido el 21 de febrero del año 2000 en Apartadó, Antioquia, a manos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. El crimen fue perpetrado frente a sus cuatro hijas menores de edad, en la vivienda de su madre, Elaine Rengifo Moreno.
Este acto violento, enmarcado en el contexto de violencia sistemática que vivía la región de Urabá, provocó el desplazamiento forzado de toda la familia y dejó profundas secuelas emocionales y sociales que persisten hasta hoy.
El Estado admite violaciones a derechos humanos
En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el reconocimiento se realizó en un acto privado por parte de César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). “Este reconocimiento es un paso fundamental hacia la reparación integral de las víctimas”, afirmó el director de la ANDJE.
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Durante su intervención, Palomino expresó que el Estado colombiano violó múltiples derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos del niño, la protección familiar, la libertad de circulación y la protección judicial, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Acompañamiento jurídico y exigencia de justicia
El caso ha sido acompañado desde hace más de dos décadas por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), que ha impulsado acciones legales y visibilizado la situación en instancias nacionales e internacionales.
Aunque este acto representa un avance simbólico, la familia de María del Consuelo Ibargüen insiste en que la justicia sigue pendiente. Hasta la fecha, los autores materiales e intelectuales del asesinato no han sido sancionados, y los impactos del desplazamiento y el trauma persisten.
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la Comunidad de Paz (1997–2000s)
Desde su fundación en marzo de 1997, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó decidió mantenerse neutral frente al conflicto armado, rechazando la violencia de guerrillas, paramilitares y ejército. Sin embargo, esta posición la convirtió en objetivo constante de ataques: más de 170 miembros han sido asesinados o desaparecidos en intervenciones violentas, principalmente orquestadas por paramilitares con complicidad del Ejército.
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