Gobierno radica proyecto de ley de competencias, que busca fortalecer la autonomía de municipios y departamentos en Colombia

El Gobierno nacional abrió un nuevo frente de transformación institucional: el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó ante el Congreso el proyecto de «ley de competencias», una iniciativa que desarrolla el acto legislativo de autonomía territorial y redefine cómo se reparten y administran los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).

El propósito del proyecto es que la plata llegue donde viven y deciden las comunidades. La propuesta plantea que la mayor parte de los recursos adicionales del SGP se concentre en educación, salud y agua y saneamiento básico, bajo administración directa de las entidades territoriales y con mecanismos de control desde la ciudadanía y los organismos de vigilancia del Estado.

Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta reforma es un eslabón clave de su agenda de cambio: una descentralización que no se queda en el discurso, sino que redistribuye competencias, poder y recursos hacia los territorios, especialmente aquellos históricamente rezagados. Aunque el trámite legislativo se retomará el próximo año, la radicación marca el punto de partida de una discusión que puede redefinir la relación entre Nación y entidades territoriales.

“Una de las reformas más importantes en décadas”

Durante la radicación, el ministro Armando Benedetti subrayó la dimensión del proyecto en el mapa de reformas del Gobierno:
“Esta, después de la Reforma Laboral, es la más importante en décadas para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Queremos que el 80 % sea para educación, salud y saneamiento básico y el 20 % para otros propósitos. Todo esto administrado por las entidades territoriales con mecanismos de seguimiento y transparencia desde la sociedad civil y los organismos del Estado”, afirmó.

En la misma línea, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó la iniciativa como un intento de saldar deudas históricas con la población: “Tratamos de devolverle a las personas lo que les han quitado. Primero con la reforma laboral para devolverle la dignidad a los trabajadores. Ahora queremos descentralizar, pero con recursos, darle a la célula fundamental del país, a los municipios, lo necesario para poder sobrevivir”.

El proyecto desarrolla el acto legislativo de fortalecimiento de la autonomía territorial, que aumentó los recursos del SGP y ordenó reorganizar las competencias entre Nación, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas. Para el Gobierno, es una reforma del Estado de gran calado, comparable solo con los cambios introducidos por la Constitución de 1991.

¿Qué cambia con la ley de competencias?

El corazón de la iniciativa está en la forma como se distribuyen los recursos del Sistema General de Participaciones. De acuerdo con la propuesta, los recursos adicionales se orientarán a tres frentes prioritarios:

• Cierre de brechas territoriales en educación, salud y agua y saneamiento básico.
• Fortalecimiento institucional para la descentralización.
• Cumplimiento de compromisos con pueblos y comunidades indígenas.

Además de la plata, el proyecto define con mayor precisión las competencias de cada nivel de gobierno en estos sectores. Es decir, quién hace qué, con qué recursos y bajo qué responsabilidades. La apuesta es que las decisiones sobre infraestructura educativa, servicios de salud o proyectos de agua potable no sigan concentradas exclusivamente en el nivel central, sino que se acompañen de capacidades reales en los territorios.

La propuesta también fija principios básicos de descentralización, orientados a que la transferencia de funciones vaya de la mano de recursos, fortalecimiento institucional y reglas claras de seguimiento. En esa lógica, se plantea una institucionalidad específica para acompañar y ordenar el proceso de descentralización, de manera que no quede disperso entre múltiples entidades sin coordinación.

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Descentralización asimétrica: cada territorio según sus capacidades

Uno de los puntos más sensibles del debate es cómo avanzar en descentralización sin dejar atrás a los territorios con menos capacidades administrativas o fiscales. Por eso, el proyecto incluye una clasificación de las entidades territoriales por capacidades y atributos, que servirá de base para diseñar una descentralización asimétrica:

Los territorios con mayor fortaleza institucional y fiscal podrán asumir más competencias, con mayores niveles de gestión directa. Los municipios y departamentos con capacidades limitadas recibirán apoyo técnico y acompañamiento, de modo que la descentralización no se traduzca en abandono, sino en un proceso gradual de fortalecimiento. De esta manera, la iniciativa busca que la autonomía territorial no sea solo una declaración, sino un proceso ordenado que reconozca las diferencias reales entre regiones, ciudades intermedias, zonas rurales y territorios indígenas.

Un proyecto construido con territorios y sectores sociales

El Gobierno destacó que el texto de la «ley de competencias» fue preparado de manera conjunta por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Educación, Salud y Vivienda, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el DANE y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En paralelo, la propuesta fue socializada con actores territoriales y sociales:

• Federaciones y asociaciones de entidades territoriales: Federación Nacional de Departamentos, Federación Colombiana de Municipios, Asociación de Ciudades Capitales y Asociación de Ciudades Intermedias.
• Regiones Administrativas y de Planificación (RAP).
• Organizaciones sindicales y gremiales como Fecode.
• La Defensoría del Pueblo y representantes de la academia.
• Pueblos y comunidades indígenas, a través de un proceso de consulta previa.

Según el Ejecutivo, este trabajo previo busca asegurar que la ley responda a las realidades de los territorios y que las nuevas competencias lleguen acompañadas de herramientas para ejercerlas.

Lo que viene en el Congreso

Aunque el proyecto ya fue radicado, su discusión no avanzará en este periodo, dado que el Congreso entra en receso por las vacaciones de fin de año, por lo que el debate legislativo se retomará en la próxima legislatura. A partir de entonces deberán designarse ponentes, comenzar el estudio en comisiones y abrir espacio a las proposiciones de bancadas y congresistas. El texto podrá modificarse durante el trámite, pero cualquier cambio que implique impacto fiscal requerirá el aval del Gobierno, que conserva la facultad de dar o negar ese visto bueno.

Si se aprueba, la «ley de competencias» se convertirá en una pieza central de la agenda del Gobierno: un intento de que la autonomía territorial se exprese no solo en el papel, sino en más recursos, más capacidades y más poder de decisión para las entidades territoriales. Es tal vez uno de los pendientes más importantes de la Constitución de 1991.

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