En una firme defensa de la democracia participativa, el Gobierno Nacional anunció que expedirá en los próximos días el decreto que convocará oficialmente a una Consulta Popular para que sea la ciudadanía quien decida sobre el futuro de la Reforma Laboral, bloqueada recientemente en el Senado.
“El Gobierno está preparado, está firme y está comprometido con la democracia participativa. Vamos a firmar el decreto y a hacerlo con rigor jurídico, con respaldo constitucional y con plena transparencia”, declaró el ministro del Interior, Armando Benedetti, en rueda de prensa.
El alto funcionario denunció “una cadena de trampas, mentiras y jugaditas” durante el trámite legislativo de la reforma, que a su juicio rompió los principios básicos del Estado de derecho.
Vicios en el trámite legislativo
El jefe de la cartera política indicó que el decreto está siendo ultimado por un equipo de expertos en derecho constitucional, entre ellos los expresidentes de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio, Eduardo Montealegre y Luis Ernesto Vargas, así como el jurista Jeferson Dueñas. Todos ellos coinciden en que el proceso legislativo del 14 de mayo estuvo marcado por vicios de forma y fondo “insalvables”.
“El país fue testigo de cómo se violaron los procedimientos y se actuó con premeditación para bloquear la discusión. Por eso, si no hay una decisión válida del Congreso, el Ejecutivo no puede quedarse de brazos cruzados. Vamos a devolverle al pueblo la voz que se le intentó quitar", sostuvo Benedetti.
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Petro: “Hicieron trampas”
En una reciente alocución, el presidente Gustavo Petro respaldó la decisión y cuestionó directamente el accionar del Senado: “¿Por qué la decreto? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampas”.
El mandatario reiteró que la consulta será “ante el pueblo”, como una respuesta directa al bloqueo institucional que ha enfrentado su agenda de reformas sociales.
Cronograma y control legal
Benedetti aseguró que el Gobierno tiene plazo hasta el 12 de junio para expedir el decreto, de acuerdo con los términos legales que establecen un máximo de ocho días hábiles después del vencimiento del plazo del Congreso.
Además, señaló que será la Corte Constitucional la encargada de revisar la validez del decreto, y que el Consejo de Estado podría recibir posibles demandas de nulidad, como es habitual en este tipo de actos administrativos.
“El Gobierno ha jugado todas las cartas posibles: la mini reforma, la revivida laboral, la consulta 1.0 y ahora la consulta 2.0. No nos rendiremos. Si no fue en el Congreso, será en las urnas. Los trabajadores de Colombia merecen empleos dignos, salarios justos y condiciones humanas. Y si hay que consultarlo al pueblo, pues que así sea", concluyó el ministro del Interior.
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