Gobierno firma convenio con la Imprenta Nacional para asumir expedición de pasaportes

A poco más de un mes de que finalice el contrato con la firma privada Thomas Greg & Sons, el Gobierno nacional formalizó la transición hacia un modelo estatal de expedición de pasaportes. El Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional de Colombia, que será la encargada de producir, personalizar y entregar estos documentos oficiales bajo un esquema 100 % público.

El convenio fue publicado en el SECOP el viernes 18 de julio y tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2034. Establece que la Imprenta asumirá tareas clave como la impresión de libretas, las etiquetas de visa con zona de lectura mecánica, la custodia y la entrega del documento final. No se estipula una erogación presupuestal directa entre las partes, aunque deja abierta la posibilidad de que la Imprenta contrate aliados para cumplir con la operación.

La imprenta nacional volverá a ser la mayor imprenta de Colombia y debe entregar a niños y niñas todos sus utiles escolares de manera gratuita, y a toda la población hacer sus documentos de identidad, como se hace en el mundo. https://t.co/3QePLEDKGP

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 19, 2025

La firma del convenio estuvo a cargo de Elvira Sanabria, secretaria general encargada del Ministerio y representante del Fondo Rotatorio, y Alba Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional. Con esta decisión, el Gobierno rompe una histórica dependencia del sector privado en un área clave para la soberanía documental y refuerza su apuesta por el control público de funciones estratégicas.

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Petro plantea visión ampliada para la Imprenta Nacional

Horas después de conocerse el convenio, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que propuso una expansión sustancial del papel de la Imprenta Nacional. Según el mandatario, esta entidad debería encargarse también de entregar útiles escolares gratuitos y de producir documentos de identidad para toda la población.

“La Imprenta Nacional volverá a ser la mayor imprenta de Colombia y debe entregar a niños y niñas todos sus útiles escolares de manera gratuita, y a toda la población hacer sus documentos de identidad, como se hace en el mundo”, escribió el presidente.

La declaración no constituye un cambio legal inmediato ni está respaldada aún por un acto administrativo, pero representa una directriz política que se alinea con los objetivos del Gobierno: fortalecer la capacidad operativa del Estado y avanzar hacia una estructura pública que garantice derechos fundamentales sin intermediación privada.

Un giro en la política de contratación pública

El nuevo modelo de pasaportes marca un punto de inflexión. Aunque el convenio no especifica el mecanismo mediante el cual la Imprenta seleccionará a sus aliados —ni si recurrirá a procesos licitatorios o a contratación directa—, el presidente Petro ha sido crítico de los esquemas que permiten adjudicaciones sin competencia. En este contexto, se espera que el Gobierno publique en los próximos días un plan detallado de ejecución que aclare tiempos, recursos, aliados y mecanismos de control.

El traslado de funciones a la Imprenta también ha generado inquietudes internas. Algunos miembros de su junta directiva habrían expresado reservas sobre la forma en que llegaron los documentos técnicos para la producción de pasaportes, lo que sugiere que la implementación requerirá ajustes operativos y decisiones financieras complementarias.

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Soberanía documental y apuesta por lo público

Con este paso, el Gobierno consolida una estrategia que busca recuperar para el Estado funciones que considera esenciales para el bienestar colectivo. La producción de pasaportes se suma a otras decisiones recientes, como la intervención de EPS que desviaron recursos de la salud, la protección del sistema educativo público y la defensa de la información ciudadana frente a intereses privados.

Aunque por ahora la misión legal de la Imprenta Nacional no incluye la distribución de útiles escolares ni la producción de cédulas de identidad, el planteamiento del presidente Petro apunta a un rediseño institucional más profundo. Para materializarlo, se requerirían reformas normativas, ajustes presupuestales y coordinación interinstitucional, especialmente con entidades como la Registraduría Nacional y el Ministerio de Educación.