El nivel de cumplimiento de las transferencias del gobierno nacional hacia los municipios alcanza una ejecución del 95%

Desde 2002, tras su creación mediante el Acto Legislativo 01 de 2001, Colombia cuenta con el Sistema General de Participaciones, SGP, que es un mecanismo por el cual se determina la transferencia de recursos desde la nación hacia los municipios del país por aproximadamente el 24% de sus ingresos corrientes, en la actualidad.  La distribución de los recursos al interior de los municipios, para la ejecución de las políticas sociales, se estableció mediante la Ley 715 de 2001.

En 2024, el Congreso de la República aprobó un nuevo Acto Legislativo de iniciativa del gobierno nacional, conocida como la reforma de la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, para aumentar los recursos del SGP hasta el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación, en un plazo de 12 años, con incrementos graduales, empezando en 2027 (Acto Legislativo 03 de 2024).

Los recursos girados tienen destinación específica para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y en menor proporción, para libre inversión según las prioridades del desarrollo de los municipios. De acuerdo con esto, el objetivo del sistema es la lucha contra la pobreza y la búsqueda de la equidad en todo el territorio nacional.

Teniendo en cuenta el aumento de los recursos, y que muchos municipios ya han avanzado en la construcción de sistemas de potabilización de agua, acueducto y alcantarillado, se espera que el Congreso de la República gestione la Ley de Competencias para las entidades territoriales, actualizando las atribuciones que corresponden a departamentos y municipios.

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Distribución y cumplimiento del presupuesto de transferencias

En la actualidad, se ha cumplido el giro de casi la totalidad de las transferencias de recursos que recauda el gobierno nacional mediante impuestos, y que por ley, deben ser utilizadas para las políticas sociales en las regiones del país. Tal y como se observa en el reporte presentado en la siguiente imagen, a la fecha, se han entregado el 95% de los recursos presupuestados: 88.35 billones de pesos:

Las cantidades restantes, 4,67 billones, deberán ser girados para los gastos correspondientes a educación, incluida la alimentación escolar, que se considera dentro de las asignaciones especiales. En estas, también se encuentran asignaciones para los municipios ribereños, los resguardos indígenas y los pagos del fondo especial de pensiones, para cubrir las obligaciones del Estado en esta materia.

Las transferencias que realiza el gobierno nacional hacia los municipios del país, algunas veces son administradas desde las gobernaciones, dependiendo de la categoría territorial de estos. Los recursos corresponden al financiamiento de las políticas sociales a su cargo: educación, salud, saneamiento básico y agua potable, así como la libre inversión social.

A pesar de que en la ley se establece un tope para estas transferencias, en el gráfico siguiente, mediante las barras azules que describen las cantidades de recursos a precios constantes, se observa que estas se han fortalecido recientemente, lo que presupone que a su vez, se ha registrado un mejoramiento de los ingresos tributarios del gobierno nacional, lo que permite que se aumenten las cantidades enviadas hacia los territorios:

El financiamiento de la salud ha sido una prioridad

Para cubrir el gasto social del sector salud, la ley establece que en el sistema se deben asignar el 25.4% de los recursos totales que se destinen cada año a las transferencias. Para el presente año, la suma se definió en 20.6 billones de pesos, que es 10 billones más que lo  que se destinó en 2022, que es el año base del periodo presidencial actual.

En total, los giros para la salud en el cuatrienio 2023-26 exceden los 69 billones de pesos. De estos recursos, el 87%, cerca de 60 billones, se  utilizan para el aseguramiento en salud, es decir, para pagar las afiliaciones y garantizar el servicio para los usuarios del régimen subsidiado.

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Los demás recursos se destinan a la salud pública, que tiene importantes beneficios en materia de prevención y riesgos, así como para los subsidios a la oferta de servicios en la red pública hospitalaria.

Las inversiones realizadas en materia de salud se han reflejado en los indicadores sociales relacionados con este sector: la tasa bruta de natalidad del país es de  13 nacimientos por cada mil habitantes, y la tasa de mortalidad neonatal es de 6.6 por cada mil bebés nacidos vivos, lo cual representa una reducción de este indicador frente a los años anteriores.  

También se ha observado una reducción en la tasa de mortalidad materina, que mide los casos de defunciones de las madres  a 42 días del nacimiento de sus bebés en el último año, y esta corresponde en el país a 47 por cada cien mil partos, 98% de los cuales fueron atendidos en instituciones de salud. El 86% de los embarazos han tenido acceso a los controles prenatales.  Las coberturas de vacunación infantil exceden el 86% en las diferentes categorías: polio, sarampión, tos ferina, pentavalente, etc.

El número de médicos actual del país es de 26 por cada diez mil habitantes (en 2023 era de 25) y el número de enfermeros se mantiene en 15 por cada diez mil habitantes.  Los auxiliares de enfermería aumentaron en dos casos por cada diez mil habitantes, de 67 en 2023 a 69 en la actualidad.

De igual modo, el Ministerio de Salud y Protección Social, informa que a junio del presente año, el porcentaje de población cubierta por el sistema de salud es del 98.4%, de los cuales, el 51.3% están en el régimen subsidiado. 
 

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