Procurador Eljach afirma que no es posible que Colombia se quede sin pasaportes

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró este jueves que la crisis de producción de pasaportes en Colombia debe resolverse de forma inmediata y que el país cuenta con herramientas jurídicas suficientes para garantizar la continuidad en la expedición del documento.

“Colombia ha tenido buena experiencia cuando han llegado crisis de este tipo y ha encontrado salidas. Aquí hay juristas muy aventajados, hay gente con la mejor voluntad y hay unas instituciones fuertes que se imponen por encima de la voluntad individual”, afirmó en entrevista con W Radio.

El funcionario enfatizó que el país no puede permitirse una interrupción en la expedición de pasaportes, prevista para el próximo 1 de septiembre si no se logra una solución contractual. “No puede suceder que el principio fundamental de la libre movilidad de los colombianos se malogre por una mala planificación o falta de voluntad administrativa de funcionarios distintos al presidente Gustavo Petro”, señaló.

Frente a las implicaciones del fallo que tumbó la licitación con la firma Thomas Greg & Sons, el procurador se mostró optimista y llamó a actuar con prontitud. “No hay otra posibilidad, sino resolverlo pronto”, dijo, insistiendo en que existen vías jurídicas para hacerlo.

Finalmente, Eljach consideró “indeseable” el escenario de un eventual cese en la expedición de pasaportes y reiteró que las instituciones deben responder a la altura del desafío. “Hay un reto muy grande para buscar soluciones jurídicas que se apliquen”, concluyó.

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Pulso por el interés público

La actual crisis en la expedición de pasaportes en Colombia tiene su origen en las irregularidades detectadas en el proceso de licitación abierto por la Cancillería en 2023, cuando se identificaron condiciones que favorecían a un único proponente: la firma Thomas Greg & Sons, que ha manejado el negocio por más de 17 años. Tras declarar desierta la licitación, el entonces canciller se negó a firmar una adjudicación directa a esa misma empresa y, en consecuencia, fue suspendido por la Procuraduría General, lo que desencadenó un debate nacional sobre el poder de las multinacionales y los límites de la contratación pública.

Desde entonces, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha buscado alternativas para evitar la concentración del contrato en una sola firma, garantizando transparencia, pluralidad y soberanía tecnológica. A pocos meses de que finalice el contrato de transición, se avanza en un acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal para garantizar la continuidad del servicio. No obstante, sectores han ejercido presión jurídica y mediática para conservar el monopolio, generando un clima de incertidumbre institucional que el propio presidente ha calificado como parte de un pulso entre intereses empresariales y el interés público.