La iniciativa priorizará a los proyectos de 10 departamentos del país y 170 municipios PDET.

Con esta decisión se busca garantizar los derechos tanto del territorio como de los pueblos que habitan en él.

Las víctimas en el exterior se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a la garantía de sus derechos, aseguró la Procuraduría.

Entre los bienes para reparar víctimas arrendados por valores mínimos se encuentran fincas y lotes en áreas rurales.