Ley Antitrámites: estos son los cambios que se buscan para facilitar las gestiones de ciudadanos y empresas
Hacer una diligencia ante una entidad pública no debería convertirse en un recorrido interminable de documentos, filas y requisitos que, en ocasiones, ya están en poder del mismo Estado. Precisamente, reducir estas dificultades es uno de los objetivos del Proyecto de Ley de Competitividad, conocido como Ley Antitrámites, una iniciativa que busca transformar la manera en que ciudadanos y empresas realizan sus gestiones.
Para recoger opiniones, identificar obstáculos y recibir propuestas de mejora, comenzaron las audiencias públicas territoriales en las que participan empresarios, representantes de gremios, organizaciones sectoriales y ciudadanos. Las primeras jornadas tuvieron lugar en Cali, el jueves, y en Bogotá, el viernes.
El propósito es que las necesidades de las regiones y de los diferentes sectores económicos sean tenidas en cuenta antes de que el proyecto avance en su trámite legislativo. La agenda continuará en Yopal, Barranquilla, Tunja, Neiva y Medellín, y finalizará con una audiencia nacional virtual, que permitirá ampliar la participación de quienes no puedan asistir presencialmente.
¿Qué cambiaría con la Ley Antitrámites?
La propuesta busca que los procedimientos ante las entidades públicas sean más sencillos, rápidos y menos costosos. Esto significa reducir pasos innecesarios, evitar que una persona tenga que entregar varias veces la misma documentación y facilitar el seguimiento de las solicitudes.
Para conseguirlo, el proyecto contempla cinco estrategias principales: eliminar requisitos que se repiten, avanzar en la digitalización de los procedimientos, conectar los sistemas de información de las instituciones públicas, permitir que algunos trámites se adelanten al mismo tiempo y establecer controles de acuerdo con el nivel de riesgo de cada actividad.
En la práctica, estas medidas podrían representar menos desplazamientos, menores gastos administrativos y una reducción en los tiempos de respuesta, tanto para quienes necesitan resolver diligencias personales como para quienes buscan crear o mantener un negocio.
Empresas y emprendedores, entre los principales beneficiados
Uno de los componentes de la iniciativa está dirigido a disminuir las cargas administrativas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas, que con frecuencia deben destinar tiempo y recursos importantes al cumplimiento de procedimientos.
Entre las propuestas figuran el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial y la Ventanilla Única de Comercio Exterior, así como la actualización de los procesos notariales y registrales.
También se plantea simplificar las gestiones relacionadas con inversión, construcción y operaciones de comercio exterior, actividades en las que los tiempos y costos de los trámites pueden influir directamente en la puesta en marcha y expansión de los proyectos productivos.
La intención es que emprender, formalizar una empresa o desarrollar una inversión no implique enfrentar obstáculos administrativos que puedan evitarse mediante una mejor coordinación entre las instituciones.
Menos documentos repetidos, pero sin eliminar los controles
Uno de los aspectos centrales del proyecto es evitar que los ciudadanos tengan que presentar certificados, documentos o información que ya se encuentra registrada en otra entidad pública. Para ello, se busca mejorar el intercambio de datos entre las instituciones y facilitar que los usuarios conozcan el avance de sus solicitudes.
Sin embargo, agilizar los procedimientos no significa eliminar las verificaciones necesarias. La propuesta mantiene los controles técnicos, sanitarios, ambientales y de seguridad que correspondan, con el propósito de garantizar que la simplificación administrativa no afecte la protección de las personas ni el cumplimiento de las normas.
Las propuestas ciudadanas serán revisadas antes de continuar el debate
Las observaciones recibidas durante las jornadas territoriales serán analizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con el Congreso y las entidades responsables de los procedimientos que podrían modificarse.
Con esta revisión se espera identificar ajustes al contenido del proyecto antes de que continúe su discusión en las plenarias del Congreso.
La iniciativa hace parte de una estrategia orientada a impulsar la productividad, promover la formalización empresarial y facilitar la inversión mediante la eliminación de barreras administrativas innecesarias.
Para los ciudadanos, el principal reto será que estos cambios se traduzcan en resultados concretos: menos requisitos, información más accesible, trámites que puedan resolverse en menor tiempo y entidades públicas mejor conectadas. El alcance real de la Ley Antitrámites dependerá de las modificaciones que se aprueben y de su posterior aplicación en las instituciones del país.
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