El Gobierno Nacional expidió este jueves la Resolución Ejecutiva 161 de 2025, en la que establece formalmente una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en zona rural de Tibú, Norte de Santander. La medida regirá por siete meses y está dirigida a permitir la concentración progresiva del Frente 33, estructura operativa del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, integrante del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.
La decisión marca un nuevo paso dentro del proceso de paz que adelanta el Ejecutivo con esta organización armada. Se trata de una figura legal que no representa exclusión territorial ni suspensión de autoridad estatal: la Fuerza Pública, las instituciones civiles y los organismos de control mantendrán su presencia y sus funciones plenamente activas en el área.
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¿Qué establece la resolución?
La Resolución 161, firmada por el presidente Gustavo Petro y publicada oficialmente este 23 de mayo, define los alcances jurídicos y operativos de la Zona de Ubicación Temporal, enmarcada en la Ley 2272 de 2022, que regula los mecanismos de diálogo y acercamiento en contextos de paz.
Entre sus principales disposiciones se encuentran:
- Duración de siete meses, contados a partir de la instalación efectiva de la zona.
- Ubicación en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.
- Suspensión temporal de órdenes de captura, incluidas las de extradición, para los integrantes del Frente 33 acreditados formalmente por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
- Conservación plena del control estatal: no se restringe la operación de la Fuerza Pública ni se excluye la competencia de autoridades civiles, judiciales o de control.
- Elaboración de un anexo técnico reservado, que contendrá el perímetro exacto, condiciones logísticas, medidas de protección y protocolos de verificación.
Esta figura permite el tránsito y permanencia de los integrantes acreditados dentro de la zona, bajo estricta supervisión institucional, sin alterar el orden constitucional ni debilitar la soberanía del Estado.
Una región marcada por la confrontación armada
La zona definida para la ubicación temporal no es un territorio cualquiera. El Catatumbo ha sido históricamente una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Solo entre 2024 y lo corrido de 2025, el Puesto de Mando Unificado (PMU) ha registrado más de 66.000 desplazamientos forzados, al menos 11.500 personas en confinamiento y más de 130 homicidios, en su mayoría relacionados con la disputa entre el Frente 33 y el ELN por el control territorial.
La decisión del Gobierno busca reducir la intensidad del conflicto, brindar condiciones mínimas para avanzar en el desarme y facilitar el retorno de comunidades desplazadas. El Frente 33 ha sido consistente con su voluntad de paz en la mesa de negociación y este es el segundo grupo armado organizado que avanza en un paso definitivo hacia la dejación de armas, tal como sucedió recientemente con el grupo Comuneros del Sur, otrora suscrito al ELN.
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Garantías institucionales, protección de derechos y acompañamiento de reincorporación
La resolución también prevé una serie de compromisos interinstitucionales que acompañarán la instalación de la zona:
- Acciones de atención a menores de edad, víctimas y personas en situación de vulnerabilidad.
- Medidas para prevenir el uso de la zona como espacio de expansión armada.
- Coordinación interinstitucional para la implementación de programas de salud, educación, infraestructura básica y reincorporación social.
- Evaluación de condiciones para la sustitución de economías ilícitas y la inclusión en actividades productivas.
En paralelo, se implementarán mecanismos de verificación y monitoreo a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otras entidades del Estado, con participación de veedurías sociales y organismos humanitarios.
Condiciones claras, sin vacíos institucionales
El Gobierno ha sido enfático en que esta zona no constituye un territorio autónomo ni excluyente del control estatal. Todas las autoridades del orden nacional, departamental y local conservarán su competencia plena. Además, la resolución prevé que, en caso de incumplimientos o riesgos a la población civil, se podrán suspender los efectos del reconocimiento otorgado a los miembros del Frente 33.
Esta medida se inscribe dentro del marco legal de la “paz total”, pero con mecanismos regulados, verificables y orientados a la reducción del conflicto en territorios altamente afectados por la violencia.
Con esta decisión, el gobierno del presidente Gustavo Petro ratifica su voluntad de avanzar en el diálogo con estructuras armadas ilegales con el establecimiento de un marco regulado y temporal que busca garantizar hechos concretos de voluntad de paz.
Ahora le corresponde al Frente 33 cumplir con sus compromisos y avanzar para lograr la consolidación de la paz en Catatumbo.
