Coalición de Gobierno denunciará a concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, por incitar a la violencia en marchas por Palestina

Miembros de la coalición de gobierno en Antioquia anunciaron que interpondrán denuncias penales y disciplinarias contra los gestores de convivencia de Medellín y el concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez, tras los hechos de violencia registrados durante las marchas del 7 de octubre en rechazo al genocidio palestino perpetrado por Israel.

El Pacto Histórico en Antioquia rechazó la actuación de funcionarios identificados como gestores de convivencia de la Alcaldía de Medellín, quienes, según los congresistas, ejercieron fuerza física contra manifestantes durante las movilizaciones en favor del pueblo palestino.

El representante Alejandro Toro calificó como “inadmisible” que servidores públicos asuman funciones de policía: “Personas con chaquetas de la Alcaldía golpearon a jóvenes en el piso, mientras gritaban consignas como ‘viva el paramilitarismo’. Vamos a presentar denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y pedimos acompañamiento de la Defensoría del Pueblo”.

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Acciones judiciales contra el concejal Andrés Rodríguez

La coalición también presentará denuncias penales nacionales e internacionales contra el concejal Andrés Rodríguez, del partido Centro Democrático, luego de que se difundieran videos en los que aparece portando un bate y amenazando a manifestantes.

La senadora Isabel Zuleta criticó duramente la actuación de los funcionarios y pidió al alcalde de Medellín aclarar las órdenes impartidas durante la protesta: “Los alcaldes no hacen parte de la línea de mando de la fuerza pública Esos actores que usted está enviando a atropellar a la ciudadanía están violando la ley y deben ser judicializados”.

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Defensoría del Pueblo pide investigar los hechos violentos contra los manifestantes

La defensora del pueblo, Iris Marín, llamó la atención del alcalde de Medellín por la forma en que actuaron los gestores de convivencia durante las manifestaciones. La funcionaria recalcó que estos contratistas no tienen autoridad para disolver marchas ni usar la fuerza.

“En ningún caso deben impartirse o ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de manifestaciones, y menos por personal que no pertenece a la Policía Nacional”, enfatizó Marín.

La defensora también expresó preocupación por el comportamiento del concejal Rodríguez, al considerar que su actitud podría constituir una incitación a la violencia y un incumplimiento de sus deberes como servidor público. “Las instituciones del Estado deben ser garantes de derechos, no generadoras de nuevos riesgos”. La funcionaria también pidoó investigaciones disciplinarias y penales contra los implicados.

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Cuestionamientos a la actuación de los gestores de convivencia

En el noticiero de RTVC, el analista Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), advirtió que lo ocurrido en Medellín refleja la posible existencia de grupos parapoliciales que actúan fuera del marco legal.

“Lo que vimos en la ciudad es grave. Aparecen equipos de seguridad que ejercen fuerza como si fueran una policía paralela. Pata, puño, correa y palo, eso fue lo que se observó”, aseguró Quijano.

El experto también cuestionó la falta de alineación entre la Policía Metropolitana de Medellín y las directrices del Gobierno nacional: “La instrucción presidencial es dialogar y prevenir, no reprimir. Hay muchas preguntas sin respuesta y alguien debe explicar quién dio las órdenes”.

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