Gobierno nacional asegura que fallo de la Corte Suprema “cerró el camino” a la Reforma agraria

El presidente Gustavo Petro aseguró que una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre los baldíos en Colombia afecta el avance de la Reforma agraria y limita las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para adjudicar predios a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Las palabras del primer mandatario se dieron durante el acto público de reconocimiento de Responsabilidad Internacional en el caso ‘Pueblo U’wa y sus miembros vs. Colombia’, realizado en Cubará, Boyacá.

En el evento, el jefe de Estado aseguró que la sentencia “cerró hoy el camino de la Reforma agraria”.  

Según explicó el presidente, la decisión judicial impediría que la ANT adelante procesos administrativos de saneamiento y adjudicación de baldíos, trasladando esos conflictos a instancias judiciales.

El primer mandatario sostuvo que esta determinación contradice decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y normas históricas sobre acceso a la tierra en Colombia.  

El jefe de Estado también señaló que el fallo representa un retroceso frente a las garantías de acceso a la propiedad rural para comunidades campesinas y pueblos indígenas.

Además, el presidente Petro pidió a organizaciones de derechos humanos emprender acciones jurídicas nacionales e internacionales contra la decisión.  

El primer mandatario comparó esta decisión con recientes medidas judiciales relacionadas con el sistema pensional y aseguró que ambas afectan derechos de la ciudadanía.

En el caso de los baldíos, el jefe de Estado afirmó que la sentencia impediría recuperar tierras que fueron despojadas por estructuras ligadas al narcotráfico y la violencia.

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Presidente Petro convocó a organizaciones rurales a una “coordinación constituyente”

Durante su intervención, el presidente hizo un llamado a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes para organizar una gran coordinación nacional en defensa de los derechos sobre la tierra y la implementación de la Reforma agraria.  

El primer mandatario planteó que este proceso tendría dos momentos “constituyentes”: el primero, enfocado en las próximas elecciones y el segundo, orientado a impulsar movilizaciones rurales para defender el acceso a la tierra y buscar la derogatoria de la decisión judicial.  

Asimismo, el jefe de Estado reiteró que el Acuerdo de Paz establece compromisos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras en Colombia, y aseguró que su Gobierno continuará defendiendo esos objetivos.  

Ministra de Agricultura defendió las facultades de la ANT sobre bienes baldíos

A través de un pronunciamiento en redes sociales, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Jurisdicción Agraria y, en 6 apreciaciones, defendió las funciones de la Agencia Nacional de Tierras frente a la administración de bienes baldíos.

La ministra señaló que eliminar la facultad de adjudicación de baldíos a la ANT significaría retirar de la Nación herramientas clave para la Reforma agraria.

La jefe de cartera de agricultura también sostuvo que judicializar procesos administrativos sin controversia podría dificultar el saneamiento de la propiedad rural y afectar la protección del patrimonio público.  

Carvajalino explicó que los bienes baldíos son propiedad de la Nación y tienen una destinación constitucional dirigida a campesinos sin tierra, comunidades indígenas, negras y a la protección ambiental.

Por ello, la ministra defendió que la ANT continúe administrando y adjudicando estos predios.  

La Martha Carvajalino también afirmó que trasladar a instancias judiciales procesos agrarios como la clarificación de la propiedad o los deslindes podría ralentizar el saneamiento de tierras y obstaculizar la recuperación de predios ocupados irregularmente.

Además, Carvajalino indicó que no se deben equiparar los procedimientos administrativos relacionados con la Reforma agraria con disputas entre particulares, ya que se trata de decisiones sobre bienes públicos administrados por el Estado.  

La ministra sostuvo que la nueva Jurisdicción Agraria debe mantener el enfoque del derecho agrario y no limitarse únicamente a conflictos sobre tierras, pues también involucra actividades de producción y transformación agropecuaria.  

La jefe de cartera de Agricultura consideró necesario fortalecer mecanismos de control judicial sobre decisiones tomadas por autoridades locales en asuntos agrarios, especialmente aquellas relacionadas con bienes rurales y actividades productivas.  

Finalmente, la ministra aseguró que la nueva jurisdicción requiere principios y herramientas que permitan orientar adecuadamente la actividad judicial y administrativa en materia agraria.

En ese contexto, advirtió que debilitar estas competencias podría frenar la Reforma agraria impulsada en el país durante las últimas décadas.

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