Abelardo de la Espriella y DMG: así defendió públicamente a David Murcia Guzmán

Una investigación de Señal Investigativa reconstruye el papel de Abelardo de la Espriella en la defensa pública de DMG y de David Murcia Guzmán durante el auge de la captadora ilegal.
Abelardo y DMG. / Fotos: AFP.
Foto: Abelardo y DMG. / Fotos: AFP.

Durante el auge de DMG en 2008, uno de los principales rostros de la defensa pública de la empresa fue el abogado Abelardo de la Espriella. En medio de las advertencias de autoridades y expertos sobre el riesgo de colapso de la captadora, el jurista respaldó públicamente a David Murcia Guzmán y defendió la legalidad del modelo de negocio.

Sin embargo, años después y en medio de su aspiración presidencial, De la Espriella reconoce que su posición de entonces no correspondía a la realidad que posteriormente se conoció sobre la organización.

"Yo empecé defendiéndolo creyendo que era una cosa distinta a lo que en realidad era, porque me ocultaron una información y luego le renuncié", afirmó recientemente el abogado al referirse a su paso por la defensa de David Murcia Guzmán, en una entrevista con el influencer Westcol. 

Las declaraciones contrastan con el papel que desempeñó durante los meses de expansión de DMG, cuando se convirtió en una de las voces más visibles en respaldo de la empresa. De acuerdo con la investigación de Señal Investigativa, sus intervenciones públicas contribuyeron a fortalecer la confianza de miles de personas que continuaron entregando sus recursos a la captadora mientras crecían las alertas sobre su sostenibilidad financiera.

 

 

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La confianza que impulsó a miles de inversionistas

Las víctimas consultadas por Señal Investigativa relataron que decidieron invertir sus ahorros en DMG debido a la aparente solidez de la organización. La empresa operaba en amplias sedes comerciales, mantenía una presencia pública constante y, según los testimonios recopilados, proyectaba una imagen de legitimidad que generaba tranquilidad entre los inversionistas.

A esa percepción se sumaba la defensa realizada por figuras reconocidas, entre ellas Abelardo de la Espriella, quien llegó a rechazar públicamente que DMG fuera una pirámide.

Según los relatos de afectados, muchas personas entregaron recursos destinados a la educación de sus hijos, la construcción de vivienda o proyectos familiares, confiando en las promesas de rentabilidad que ofrecía la organización. Cuando el esquema colapsó, miles de familias perdieron parte o la totalidad de sus ahorros.

Más de 200.000 víctimas tras el colapso de DMG

La caída de DMG se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente de Colombia. La intervención estatal y los procesos judiciales posteriores permitieron establecer que la captadora operaba al margen de la regulación financiera.

Las cifras conocidas durante las investigaciones indican que más de 200.000 personas resultaron afectadas por el desplome de la organización liderada por David Murcia Guzmán.

La investigación de Señal Investigativa también recuerda que, en medio de la expansión de DMG, parte de los recursos manejados por la organización habrían sido destinados a actividades políticas. Entre los hechos documentados aparece el decomiso de aproximadamente 1.000 millones de pesos que, según decisiones judiciales relacionadas con el caso, estaban destinados a la campaña de Joaco Berrío a la Gobernación de Bolívar.

 

 

El debate que revive durante la campaña presidencial

Las recientes declaraciones de Abelardo de la Espriella han reabierto el debate sobre la responsabilidad de quienes respaldaron públicamente a DMG durante los meses previos a su colapso.

Mientras el abogado sostiene que abandonó la defensa al conocer información que desconocía inicialmente, la investigación de Señal Investigativa plantea interrogantes sobre el impacto que tuvieron esas intervenciones públicas en la confianza de miles de colombianos que continuaron invirtiendo en la organización.

Dieciocho años después de la crisis que dejó cientos de miles de víctimas, el caso DMG sigue siendo una referencia obligada para entender los riesgos de los esquemas de captación ilegal y el papel que pueden desempeñar figuras públicas en la construcción de confianza alrededor de este tipo de organizaciones.

 

 


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