Gobierno y campesinos parameros logran acuerdo histórico para levantar el paro

El paro campesino que mantenía bloqueada la vía entre Tunja y Bogotá desde el 4 de agosto llegó a su fin este sábado con la firma de un acuerdo histórico entre el Gobierno Nacional y la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano Seccional Sierra Nevada El Cocuy. La suscripción se realizó en el Puente de Boyacá, símbolo de la independencia nacional, y marcó el cierre de cuatro días de intensas negociaciones en las que primó la palabra sobre la confrontación.
El pacto reconoce a las comunidades de alta ladera y páramo como aliadas estratégicas en la defensa de los ecosistemas y establece garantías jurídicas, productivas y territoriales para su permanencia en un entorno donde la protección ambiental y la producción agrícola campesina se articulan como objetivos complementarios.
“El páramo no quedará sin instrumento de protección con enfoque territorial”, aseguró la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, quien encabezó la delegación gubernamental junto con la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el viceministro del Interior para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón Olave.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, desempeñó un papel clave como mediador y facilitador del proceso, al que también se sumaron Parques Nacionales Naturales, Corpoboyacá, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el Ministerio Público. Con la firma de los acuerdos, se levantaron los bloqueos y se restableció la normalidad en el corredor vial central del departamento.
Diez compromisos para un nuevo capítulo en la relación páramo–campesinado
El acuerdo contempla diez medidas de fondo. Entre ellas, la modificación del artículo 3 de la Resolución 261 de 2018, para garantizar los derechos agropecuarios de los campesinos del páramo, evitando el término “exclusión” en zonas de cultivo; y la modificación del artículo 5, numeral 6 de la Resolución 128 de 2017, para asegurar el pleno ejercicio del derecho de propiedad sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución y la ley.
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También se reglamentará el Acto Legislativo 001 de 2023, incorporando mecanismos de participación comunitaria y revisando actos administrativos incompatibles con los derechos campesinos; y se impulsará el fortalecimiento de cadenas agrícolas como carne, leche, papa, cereales y hortalizas, con inclusión de las comunidades de alta ladera en los Planes de Ordenamiento Productivo.
En materia ambiental, se acordó iniciar el procedimiento jurídico para revisar las resoluciones 1275 de 2014 (zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal del Cocuy) y 1405 de 2018 (delimitación del páramo Sierra Nevada de El Cocuy). Para este fin, la Gobernación de Boyacá firmará un convenio con la UPTC que brindará asesoría técnica y jurídica. Además, Corpoboyacá suspenderá parcialmente los efectos de la Resolución 0680 de 2011 y adelantará su modificación para eliminar la palabra “productiva” en disposiciones específicas, con mesas técnicas que incluirán a la Federación de Parameros.
Otras medidas incluyen la instalación de una mesa técnica para revisar la Resolución 138 de 2014, con impacto en la cuenca alta del río Bogotá; y la garantía de participación comunitaria en el diálogo sobre territorios excluidos de la frontera agrícola, ajustando las decisiones a las realidades de cada zona.
Del paro a la concertación
La Federación Paramera Campesina del Nororiente de Colombia asumió el compromiso de levantar los bloqueos y mantener el diálogo como vía de solución de controversias. El acta suscrita sienta un precedente en la relación entre el Estado y las comunidades de páramo, al combinar garantías jurídicas con compromisos de conservación frente a amenazas como la minería y los hidrocarburos.
Para el Gobierno Nacional, el resultado en Ventaquemada es una demostración de que la participación directa de las comunidades y la voluntad política permiten construir consensos duraderos. Para los campesinos, es un reconocimiento a su condición de cuidadores de los ecosistemas de alta montaña y productores de alimentos, y una victoria que ratifica que la defensa de la tierra y del agua es inseparable del desarrollo de sus territorios.