Corte Constitucional declara exequible decreto de conmoción interior en el Catatumbo

Corte Constitucional avala conmoción interior en Catatumbo por crisis humanitaria

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La Corte Constitucional avaló únicamente los apartados del decreto relacionados con la emergencia humanitaria.

La Corte Constitucional avaló parcialmente el decreto de conmoción interior declarado por el presidente Gustavo Petro en la región del Catatumbo, con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra. 

La alta corte dio luz verde únicamente a las medidas enfocadas en responder a la grave emergencia humanitaria provocada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, que han desbordado la capacidad institucional del Estado.

El tribunal consideró que solo esas causas justifican la excepcionalidad de la medida, dejando por fuera las razones estructurales invocadas por el Ejecutivo, como los cultivos ilícitos, la pobreza estructural, la falta de infraestructura y los históricos rezagos en inversión social. 

Según la Corte, esos factores no constituyen hechos sobrevinientes y, por lo tanto, no son compatibles con un estado de excepción.

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La decisión fue adoptada por la Corte Constitucional con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra del decreto presidencial.

Con esta decisión, se limitan los alcances del decreto presidencial, que había sido defendido por el Gobierno como una herramienta clave para intervenir integralmente en el Catatumbo. La ponencia de la magistrada Paola Meneses, que proponía declarar inconstitucional en su totalidad la conmoción interior, fue derrotada por la mayoría del tribunal.

Tras la decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró el aval parcial de la Corte: “Gracias a que se declaró exequible la conmoción interior, más de 2,7 billones de pesos podrán invertirse en el Catatumbo para restablecer el orden, erradicar cultivos ilícitos, construir carreteras, universidades, puestos de salud y garantizar el retorno de 64 mil desplazados. También es un espaldarazo a la Fuerza Pública”, aseguró.

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La decisión, aunque favorable en parte al Gobierno, implica que deberá buscar otros mecanismos constitucionales y legales para atender los problemas estructurales de la región. 


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