Centrales obreras piden aumento del 16 % para el salario mínimo en 2026
La negociación del salario mínimo para 2026 avanza con posiciones encontradas entre sindicatos y gremios empresariales. El Comando Nacional Unitario (CNU), que agrupa a las centrales obreras, llevó a la mesa una propuesta de incremento del 16 % para el salario mínimo y el auxilio de transporte, mientras los gremios plantean un aumento del 7,21 %, calculado con la inflación anual de 5,3 %, la productividad de 0,91 % y un punto de ganancia real.
El debate se da con una economía que marca una positiva recuperación: el PIB creció 3,6 % anual en el tercer trimestre y acumula 2,8 % en lo corrido del año; la inflación de noviembre se ubicó en 5,3 %, con variación mensual de 0,07 %, señal de precios contenidos. Al mismo tiempo, bancos, grupos financieros, empresas de alimentos, transporte, combustibles e infraestructura reportan utilidades históricas, mientras el desempleo ronda el 8,2 %, jalonado por sectores no extractivos priorizados por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese contexto, la consigna sindical es clara: dato mata relato.
Cuatro propuestas del Comando Nacional Unitario
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, resumió así la posición del Comando Nacional Unitario en la mesa de concertación:
“El Comando Nacional Unitario ha presentado por lo menos cuatro propuestas en la mesa de concertación. La primera, de que se hagan proyectos de ley para que la mesada pensional sea equivalente al incremento del salario mínimo y no al IPC. Que el Banco de la República rebaje sustancialmente las tasas de interés para que se alivie los créditos que tiene la población. Tercero, de que haya control de precios en las tarifas de servicios públicos y en los combustibles y también en los arriendos. Y cuarto, que el incremento salarial para el año 2026 en el salario mínimo sea del 16% para que las brechas que existen hoy tan grandes, dejadas por los gobiernos neoliberales y proempresariales que antecedieron al gobierno de Gustavo Petro, se puedan reducir”.
Las centrales buscan que el ajuste del mínimo no se limite a un porcentaje anual, sino que vaya acompañado de cambios normativos: que las pensiones dejen de indexarse solo al IPC y sigan el ritmo del salario mínimo; que la política monetaria reduzca con mayor fuerza las tasas de interés para aliviar los créditos de hogares y pequeñas empresas; y que exista un mayor control sobre servicios públicos, combustibles y arriendos, rubros que siguen presionando el costo de vida de los hogares.
El aumento del 16 % se presenta como una herramienta para recortar el rezago acumulado en los ingresos laborales que, según las centrales, se consolidó bajo gobiernos “neoliberales y proempresariales” anteriores al actual.
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Una economía en recuperación y empresas con utilidades récord
Los datos que acompañan la propuesta sindical apuntan a que el país dejó atrás la fase más fría del ciclo económico. Con PIB al alza, inflación moderándose y un mercado laboral que se mueve en torno al 8,2 % de desempleo, la discusión sobre el salario mínimo se traslada a la distribución de los frutos del crecimiento.
En el sistema financiero, las utilidades de grupos como Aval, Sura, Davivienda, Bancolombia o Banco de Bogotá han tenido incrementos de dos y hasta tres dígitos frente al año anterior. En comercio y alimentos, compañías como Grupo Éxito, D1, Alquería, Alpina o Carvajal muestran recuperación del consumo interno. Y en transporte aéreo, combustibles e infraestructura, empresas como Avianca, Latam, Terpel, Ecopetrol, Conconcreto u Odinsa registran balances positivos.
Para las centrales obreras, este entorno de utilidades en alza y economía en expansión respalda la idea de que hay margen para un ajuste más ambicioso del salario mínimo, sin que el peso del ajuste recaiga exclusivamente sobre los trabajadores. El costo de la vida se ha sentido de manera muy fuerte entre la clase obrera, y es uno de los temas más delicados de cara al próximo periodo electoral.
La cifra de los gremios y el rol del Gobierno
Del lado empresarial, la propuesta de 7,21 % se sustenta en la fórmula tradicional de negociación: inflación observada, productividad y un punto de aumento real. Los gremios advierten que un incremento muy por encima de esa cifra podría afectar la creación de empleo formal, encarecer el crédito y presionar nuevamente la inflación.
El Gobierno nacional llega a esta discusión con el antecedente de aumentos históricos del salario mínimo durante el actual mandato y una reducción del desempleo respecto a los niveles más altos de la pospandemia. Si la mesa de concertación no llega a acuerdo, será el presidente Gustavo Petro quien, como lo permite la ley, defina por decreto el aumento para 2026.
Las cifras están sobre la mesa y el Gobierno reclama victorioso su política económica que sostiene que el incremento del salario real no afecta la generación de empleo, sino que, por el contrario, dinamiza la economía.
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