Más riqueza, empleo y equidad: logros del gobierno del presidente Petro en los que no se debe retroceder

En el contexto de la entrega de resultados y del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo adelantado por el gobierno del Presidente Gustavo Petro, diferentes analistas han señalado los principales logros, que no deben interpretarse como indicadores del momento, sino como las bases a través de las cuales se establece una nueva ruta hacia el desarrollo socioeconómico del país.

Esto, bajo la perspectiva de que el crecimiento económico solo se convierte en desarrollo cuando permite que se genere bienestar para las mayorías, mediante mayores ingresos y condiciones laborales, así como por mejores condiciones de acceso a los servicios sociales.

Perder las bases del desarrollo es retroceder en oportunidades que pueden hacer progresar el país de modo sostenible, por lo que es necesario identificar cuáles son los principales avances con el fin de reconocer su importancia y establecer estrategias para darles continuidad.

Desarrollo debe traducirse necesariamente en más trabajo, menos pobreza y menos desigualdad

Los indicadores que se han alcanzado en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, relacionados con el empleo, la desigualdad y la pobreza, muestran que el país salió de la situación estructural que dominó durante la mayor parte de su historia, y que se fue haciendo más crítica tras las reformas de los noventa.

Después de la pandemia, los indicadores de crecimiento reflejaron la compensación de las pérdidas de producción y bienestar que se registraron por la crisis. Previamente, la economía venía decreciendo desde 2013 hasta 2018, pasando de un aumento del Producto Interno Bruto, PIB de 5,1% (2013) a niveles de 1,4 % (2017) y de 2,6 (2016).

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La recuperación de 2019 (3,2%) se agotó en el año siguiente, en que más fue crítica la situación, con un decrecimiento de más de 7 puntos. La ruta del crecimiento se retoma sólo hasta 2023, con un nivel inferior a un punto (0,8%), el cual casi que se duplica en cada uno de los dos años siguientes: 1,5% en 2024 y 2,6% en 2025.

Estos resultados favorables están estrechamente relacionados con el nivel de empleo. Junto con el mejoramiento de las remuneraciones, especialmente, desde el presente año en que se estableció el salario vital, se ha tenido un crecimiento en la ocupación y el trabajo formal. Esto se refleja en la baja del desempleo de 10,6% en abril de 2022, a 8,6% en junio del presente año, y de la informalidad que se redujo del 58% en abril de 2022, hasta el 54% en la actualidad.  

De esto se deriva que el país haya logrado reducir la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria (del 40% en 2021, al 28% en 2025, una disminución destacada en el contexto de la región y a nivel mundial) y la pobreza monetaria extrema (del 14% en 2021, al 9,6% en 2025), así como la desigualdad, como se observa en el cambio del Coeficiente de Gini, desde 0,55 en 2021, a 0,51 en 2025.

En términos de población, estos indicadores significan que en el gobierno Petro salieron 5 millones de personas de la pobreza y 2 millones más, de la pobreza extrema. El reto es que más personas dejen estas condiciones, gracias a las políticas públicas contra la desigualdad y la exclusión, en vez de volver atrás. 
 

Avances en la protección de las madres y la primera infancia

Con base en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2025, se estima que en Colombia, la edad del 16% de las madres, que tienen hijos hasta los cinco años, es de menos de 20 años; el 76% está entre 20 y 35 años y el 8% restante tiene 35 años o más. La cobertura del control prenatal es del 94% y del parto en institución de salud, del 99%, con un porcentaje de cesáreas del 35%.

Con respecto a los menores, el modelo preventivo que se ha manejado recientemente, ha permitido que se reduzca en un 60% la mortalidad por desnutrición infantil en menores de cinco años, pasando de un índice de 10,78 en 2022, al iniciarse el mandato del presidente Gustavo Petro, al 4,34 en el año 2025.

Igualmente, la tasa de mortalidad infantil general, que considera las defunciones de menores de cinco años, mostró una reducción significativa, pasando de 12 casos por cada mil nacidos vivos en 2022, a 10 casos en 2025.

Una población que se reconfigura y para la que es necesaria la continuidad de las políticas sociales e inclusivas

El tamaño de los hogares colombianos, en la actualidad, es en promedio de 3 personas, lo que evidencia cambios con relación a la tradicional composición de las familias colombianas. En la actualidad, la participación de los hogares unipersonales ha aumentado (16%, antes 11%), y también los de dos personas, que por lo general, corresponden a madre o padre cabeza de familia y un único hijo (25%, antes 19%).

En la actualidad, la jefatura femenina ha superado el 50% de los casos en los hogares colombianos, lo que contrasta con los datos previos, en que esta proporción estaba alrededor del 35% o menos.  En la zona urbana supera el 53% y en el área rural está cerca del 40%.

Para 2026, el 26% de la población del país es menor de 15 años, por lo que requiere oportunidades educativas, mientras que los mayores de 65 años son el 15%. Ambos grupos poblacionales representan un leve aumento con datos anteriores, lo que implica que la necesidad de servicios sociales se mantiene relativamente estable. El porcentaje de personas con educación superior está alrededor del 30%.

El 5% de los hogares no cuenta con aseguramiento en salud, mientras que el 7% tiene barreras de acceso a este servicio. En el 8,5% se encuentran casos de personas que tienen rezago escolar, y en el 13% hay casos de inasistencia escolar.  

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De acuerdo con especialistas en políticas públicas, las tendencias en materia demográfica y de necesidades y acceso a los servicios sociales muestran la pertinencia del fortalecimiento del Sistema General de Participaciones, SGP, mediante el cual, el gobierno nacional transfiere recursos de sus ingresos corrientes hacia las regiones.

Debe recordarse que el gobierno nacional logró reformar este sistema mediante el Acto Legislativo 3 de 2024, en el cual se establece que los recursos de transferencia a departamentos y municipios del país, crecerá de forma progresiva, desde el 20% hasta el 39.5% para el año 2039 (la transición debe cubrir 12 años, iniciando en 2027, si se cumplen requisitos).

Las políticas públicas son imprescindibles para impulsar el cierre de la brecha rural - urbana en viviendas y servicios

En las condiciones de las viviendas se registran las diferencias más marcadas y persistentes entre los hogares colombianos. En la actualidad, mientras el 95% de las que se ubican en ciudades y municipios cuentan con acueducto, en la zona rural, sólo el 18% tiene acceso. En el caso del alcantarillado, las proporciones urbana y rural son del 94% y del 17%, respectivamente. En cuanto al servicio público de aseo, hay cobertura del 98% urbana y del 29%, rural. Para cocinar, el 87% de los hogares urbanos cuentan con gas natural domiciliario y el 43% de los rurales, con gas propano o derivados.

Es por esto, que es recomendable que la inversión en infraestructura para el acceso a servicios se focalice en el campo colombiano, acompañando los esfuerzos de democratización y formalización de la propiedad de la tierra, que se avanzaron mediante la reforma agraria, en la adjudicación y entrega de más de 700 mil hectáreas, así como en la titulación de más de 3 millones de hectáreas, respectivamente.

Pero sin duda, la tenencia de la vivienda es uno de los indicadores que más requieren atención frente a las condiciones de los hogares colombianos, pues sólo en el 51% de los casos es propia, incluyendo las que están en proceso de pago, junto con las que ya están totalmente amortizadas. Esta situación se hace más compleja, si se tiene en cuenta que en las grandes ciudades, los costos de los arrendamientos han crecido recientemente, y que el área y dotaciones de las nuevas unidades de vivienda tienden a reducirse.
 

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