Una participación histórica sepultó en las urnas al régimen de Viktor Orbán, cuyo proyecto de poder concentrado y deriva antidemocrática encontró su límite en la voluntad popular.
El presidente hizo algunos señalamientos contra el candidato Abelardo de la Espriella y el procurador Gregorio Eljach por sus presuntas relaciones con los dueños de Thomas Greg & Sons, empresa que maneja el software de preconteo y escrutinio electoral.
El presidente Petro radicó un derecho de petición en el que formuló varias preguntas a la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre el avance de una compulsa de copias ordenada en 2018, en relación con la propiedad del software electoral.
El abogado Alejandro Carranza, representante legal del presidente Petro, cuestionó el uso político del informe preliminar de la MOE y sostuvo que sus hallazgos, leídos correctamente, le dan la razón al mandatario.