La Conferencia de Emergencia sobre Palestina convocada por el Grupo de La Haya en Bogotá concluyó con compromiso de 12 países para aplicar embargos de armas, sanciones contractuales y justicia universal contra Israel.

En un pronunciamiento, el Gobierno condenó el uso político y militar de la asistencia humanitaria en Gaza y pidió una operación internacional neutral para garantizar alimentos, agua y medicamentos sin vigilancia militar.

La ONU exige a Israel permitir el ingreso de alimentos y acusa al ejército de convertir la distribución de ayuda en un arma, lo que podría ser un crimen de guerra.

La estrategia ha generado críticas internas por el riesgo de armar facciones con poco respaldo popular en medio de un genocidio y una crisis humanitaria sin precedentes en Palestina.

Según varias ONGs, esta aprobación va en contra del Derecho Internacional pues viola los Acuerdos de Oslo que estipulaba la no creación de nuevos asentamientos en Cisjordania.