Procuraduría investiga a concejal del Centro Democrático en Medellín por presuntas amenazas a manifestantes

El órgano de control abrió investigación disciplinaria contra Andrés Felipe Rodríguez Puerta por presuntos hechos ocurridos el 7 de octubre durante una manifestación en el barrio El Poblado.
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Andrés Felipe Rodríguez Puerta.
Foto: De encontrarse evidencia de infracción, el proceso podría avanzar a una investigación formal, que incluye audiencia pública y eventual fallo sancionatorio. / Foto: Concejo de Medellín.

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, por presuntas amenazas e incitación a la confrontación durante una marcha pro Palestina realizada el 7 de octubre en el sector de El Poblado.

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por el ente de control, la actuación busca establecer si el comportamiento del cabildante se ajustó a los deberes propios de su cargo y si sus acciones constituyen una falta disciplinaria, conforme a lo previsto en la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario).

La Procuraduría indicó que el proceso se abrió tras denuncias publicadas en redes sociales, según las cuales el concejal habría sostenido un bate de béisbol mientras increpaba a manifestantes e incitaba a la confrontación.

Funcionarios públicos deben ser ejemplo de tolerancia

La situación se produjo durante una manifestación pacífica convocada por colectivos ciudadanos y estudiantiles en apoyo a Palestina. Videos difundidos en plataformas digitales muestran a un hombre con un bate de madera frente a un grupo de manifestantes en inmediaciones de la Avenida El Poblado, en Medellín.

Rodríguez Puerta, conocido por sus seguidores como "El Gury" e integrante del Centro Democrático, reconoció haber estado presente en el lugar, pero negó haber amenazado o agredido a alguna persona. En declaraciones a medios locales, aseguró que actuó “en defensa del orden” y que “no existió intención de violencia”.

La Procuraduría subrayó que los funcionarios elegidos por voto popular están sujetos a un deber especial de ejemplaridad, incluso fuera del ejercicio directo de sus funciones, conforme al artículo 34 de la Ley 1952, que exige a los servidores públicos mantener conducta respetuosa y observar los principios de la función pública.

Etapas y alcances de la investigación

Según el procedimiento establecido en el Código General Disciplinario, la actuación se encuentra en etapa de indagación preliminar. En esta fase, la Procuraduría recopila información y material probatorio para determinar si existen méritos para formular pliego de cargos.

De encontrarse evidencia de infracción, el proceso podría avanzar a una investigación formal, que incluye audiencia pública y eventual fallo sancionatorio. Las sanciones disciplinarias aplicables —conforme a los artículos 44 y 45 de la Ley 1952— van desde amonestaciones escritas hasta suspensión o destitución, dependiendo de la gravedad de la conducta y del tipo de falta comprobada.

Hasta el momento, no existe sanción alguna ni determinación de responsabilidad. La investigación busca únicamente esclarecer los hechos y garantizar el derecho de defensa del funcionario, tal como lo exige el artículo 29 de la Constitución Política.

Masivas movilizaciones en respaldo a Palestina

El caso ocurre en el marco de movilizaciones pacíficas en varias ciudades del país con motivo de la conmemoración de dos años del inicio del genocidio en Gaza. En Medellín, las marchas se desarrollaron sin enfrentamientos graves, aunque algunas fueron objeto de provocaciones verbales y disputas menores.

La Procuraduría reiteró que el derecho a la protesta social está protegido por el artículo 37 de la Constitución, y que su competencia disciplinaria se ejerce sobre servidores públicos cuya conducta pueda vulnerar los derechos fundamentales o afectar la confianza institucional.

El órgano de control enfatizó que actuará “con rigor, objetividad y respeto al debido proceso”, garantizando la verificación técnica de los videos y testimonios antes de adoptar cualquier decisión. De comprobarse los hechos, el caso podría servir como referencia en la aplicación de criterios de responsabilidad institucional durante el ejercicio del derecho de protesta en el país.