Tortura y bombardeos ilegales: la política de seguridad de Ecuador bajo escrutinio internacional

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) advirtió tras una visita de observación en marzo de 2026 que la tortura se está convirtiendo en una práctica cada vez más generalizada en Ecuador. "Esto no ocurre únicamente en los contextos penitenciarios que hemos verificado, sino también en otros ámbitos", dijo a DW Donovan Ortega, de la OMCT, mencionando prácticas violentas en protestas, estaciones policiales, centros de acogida para la niñez y hospitales de salud mental. En el índice global de la tortura que se publicará en junio de 2026, Ecuador será incluido como país de alta probabilidad de sufrir este trato.

El caso más documentado de abusos fuera de las cárceles ocurrió en la comunidad de San Martín, parroquia Jambelí, en la provincia fronteriza de Sucumbíos, en el marco de la operación militar 'Exterminio Total', ejecutada el 6 de marzo con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU informó que se reunió con campesinos de la comunidad que denunciaron haber sido víctimas de tortura en el contexto del operativo. Cuatro integrantes de la comunidad, de nacionalidad colombiana, fueron detenidos, interrogados por un tiempo prolongado y sometidos a actos que podrían constituir tortura. Su liberación sin cargos indica que no había antecedentes para ponerlos a disposición de la justicia, aunque esta habría sido con amenazas de nuevas represalias. KTVZ

Bombardearon una granja en operación

El gobierno de Daniel Noboa presentó la operación como la destrucción de un campamento de descanso y entrenamiento de los Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC. Pero la versión oficial no resistió la verificación. Una investigación del New York Times publicada el 24 de marzo de 2026 reveló que el bombardeo no destruyó un campamento narco sino una finca ganadera y lechera en plena operación, conclusión respaldada por testimonios de propietarios, trabajadores y vecinos y corroborada por medios estadounidenses.

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La Alianza por los Derechos Humanos denunció formalmente estas "graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario" ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, advirtiendo que la lucha contra el crimen organizado no puede ser una carta blanca para el atropello. Quince organizaciones respaldaron esa denuncia.

Ingrid García, coordinadora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), señaló que "no se trata de un área ni selvática ni estratégica, tampoco de un campamento de las FARC", y cuestionó que el operativo responde a una "narrativa propagandística" del gobierno en un momento crítico de desaprobación, orientada a sostener la imagen de que las disidencias de las FARC operan en Ecuador.

El panorama más amplio

La OMCT y otras nueve organizaciones internacionales —entre ellas Front Line Defenders, Civicus y las Brigadas Internacionales de Paz— visitaron Ecuador y publicarán próximamente un informe en el que alertan sobre cierre del espacio cívico, amenazas contra la independencia judicial y coacciones a defensores de derechos humanos en contextos extractivos.

"La implementación de una política de tipo securitista y la normalización de los estados de excepción y la militarización, bajo el argumento de afrontar una grave crisis de seguridad estructural, es parte del panorama profundamente preocupante que observamos", señala el comunicado conjunto de las organizaciones.

La ONU ha expresado preocupación por 51 desapariciones forzadas documentadas en el país, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dictó medidas cautelares para la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Para Donovan Ortega, de la OMCT, lo observado en Ecuador evidencia "una estrategia fuertemente vinculada al perfilamiento y a la lógica de 'limpieza social' respecto de quienes se encuentran en prisión".

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