Trabajador agrícola muere tras redada antimigrantes en California: denuncian uso excesivo de fuerza

Un trabajador agrícola identificado como Jaime Alanis falleció el sábado 13 de julio a causa de las heridas sufridas durante una redada masiva realizada por agentes de inmigración en granjas legales de cannabis en el condado de Ventura, California. El operativo, ejecutado el jueves en las localidades rurales de Carpinteria y Camarillo —a unos 110 kilómetros al oeste de Los Ángeles— dejó también al menos 200 migrantes detenidos y enfrentamientos con cientos de manifestantes que denunciaban abusos.

La muerte de Alanis fue confirmada por su familia a través de una actualización publicada en la plataforma GoFundMe, donde solicitaban apoyo para cubrir gastos médicos y legales. Según el testimonio de sus allegados, Jaime “fue perseguido por agentes del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] y cayó desde una altura de más de nueve metros”. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el trabajador “no estaba bajo custodia” y que “subió voluntariamente al techo de un invernadero”, su familia insiste en que fue acorralado y forzado a huir.

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Choque entre versiones: persecución o accidente

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, afirmó a AFP que “el individuo no estaba siendo perseguido por las fuerzas del orden” y que tras la caída desde unos 10 metros, una ambulancia fue llamada de inmediato al lugar. Sin embargo, en la página de GoFundMe, una sobrina del fallecido señaló: “Mi tío Jaime era solo un agricultor inocente y trabajador. No tenía nada que esconder. Su muerte es una injusticia”.

El operativo forma parte de una serie de redadas federales en California en el marco de la ofensiva antimigrante impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha intensificado los despliegues de agentes del ICE y la Guardia Nacional en zonas agrícolas y urbanas del estado.

Redadas y protestas: una región en tensión

Durante el operativo, según el comunicado del DHS, más de 500 personas se manifestaron en rechazo a la presencia de los agentes federales. Se reportaron enfrentamientos, daños a vehículos oficiales y disparos por parte de un civil no identificado, quien logró huir. Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron capturados por agresión o resistencia a la autoridad.

En redes sociales, Donald Trump mantuvo su discurso de odio y discriminación, calificando a los manifestantes como “matones” y “babosos” y expresó: “Estoy dando autorización total para que el ICE se proteja a sí mismo, al igual que protegen al público”. El mandatario republicano ha prometido deportaciones masivas en su campaña de reelección, y recientemente autorizó el despliegue de miles de efectivos militares en Los Ángeles para reprimir protestas contra las políticas migratorias.

Legalidad bajo escrutinio: granjas, justicia y racismo

La empresa Glass House Brands, propietaria de las granjas donde se desarrolló la redada, afirmó que “nunca ha violado a sabiendas las prácticas de contratación” y que está brindando asesoría legal a sus trabajadores. Además, rechazó que se empleen menores de edad o personas sin documentación adecuada de forma intencional.

Entretanto, una jueza de distrito federal, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, ordenó recientemente suspender las “patrullas móviles” de detención de migrantes en Los Ángeles. Según su fallo, las detenciones se estaban realizando “basándose sólo en la raza, el idioma o el lugar de trabajo”, lo que vulnera derechos constitucionales básicos.

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En medio del operativo, la granja de Camarillo permanecía en silencio el viernes. Varios trabajadores esperaban recuperar sus pertenencias y cheques de pago. “Estamos desde las 6 de la mañana preguntando y no nos dan información de nada”, dijo a AFP Saúl Muñoz, un colombiano de 43 años cuyo hijo fue detenido durante la redada.

Una muerte que agita el debate

El fallecimiento de Jaime Alanis —campesino migrante en una industria legalizada pero aún marginada— revive las alarmas sobre el uso excesivo de la fuerza en operativos migratorios, el trato a los trabajadores agrícolas y el enfoque de seguridad con el que se enfrenta la migración laboral. Organizaciones de derechos humanos y comunidades locales han exigido una investigación independiente sobre las circunstancias de su muerte y un alto inmediato a las redadas masivas sin supervisión judicial.

Mientras tanto, el gobierno federal sostiene su postura: la aplicación de la ley migratoria no se detendrá. La vida y muerte de Jaime Alanis, sin embargo, deja una huella de dolor en su familia y una pregunta abierta sobre el costo humano de las políticas de deportación en Estados Unidos.