En una decisión sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó al Batallón N.º 10 de Alta Montaña de Buga ofrecer disculpas públicas a una pareja LGBTQ+, tras comprobar un acto de discriminación ocurrido en sus instalaciones. El fallo, emitido por la Sala de Casación Penal y con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, le otorga al Ejército un plazo de cinco días para cumplir con la orden.
El caso fue impulsado por Yeison Ramírez, quien presentó una tutela luego de vivir un episodio de violencia verbal y discriminación junto a su pareja, una mujer trans, durante una visita al batallón el 12 de marzo de 2025. Ambos acudieron a reclamar la libreta militar de Ramírez, documento cuya entrega fue obstaculizada por la unidad militar.
Ramírez relató que fue confrontado por soldados que lo calificaron de “desertor” y lo responsabilizaron por medidas restrictivas impuestas tras su retiro del servicio militar.
El joven había sido llamado a filas en 2023, pero fue retirado 25 días después mediante orden administrativa por “ausencia injustificada”. Posteriormente, enfrentó una investigación penal militar por deserción que fue archivada por el juzgado penal militar 1315 de Cali en octubre de ese año.
Sin embargo, el episodio de discriminación en 2025 reactivó su lucha por el reconocimiento de sus derechos. En la tutela que presentó un día después del incidente, Ramírez denunció vulneraciones a su derecho al debido proceso, al acceso a la justicia, al libre desarrollo de la personalidad y a no ser discriminado.
Pese a que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga negó la tutela en abril pasado, argumentando que la situación había sido “subsanada” con un correo electrónico que indicaba los pasos para definir su situación militar, la Corte Suprema consideró que el daño no había sido reparado adecuadamente.
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El máximo tribunal de la justicia ordinaria reconoció que los hechos constituyen un acto de discriminación inaceptable por parte de funcionarios públicos, e impuso como medida de reparación la emisión de disculpas públicas por parte del batallón involucrado.
Este fallo representa un avance importante en la garantía de derechos de las personas LGBTQ+ en Colombia, particularmente en contextos institucionales históricamente marcados por la exclusión. La sentencia también enfatiza la obligación del Estado de prevenir, sancionar y reparar actos de discriminación, incluso cuando provienen de sus propias filas.
Con este pronunciamiento, la Corte reafirma que ninguna persona puede ser objeto de tratos denigrantes por su identidad de género u orientación sexual, y que los espacios militares, como cualquier otro organismo estatal, están obligados a respetar los principios de igualdad y dignidad humana.
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La sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos han celebrado el fallo, considerándolo un paso crucial hacia una Fuerza Pública más incluyente y respetuosa de la diversidad. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la respuesta del Batallón N.º 10 y en el cumplimiento efectivo de las disculpas públicas ordenadas por la Corte.
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