Fiscalía acusa a Andrés Peñate, exdirector del DAS en el gobierno de Uribe, por integrar red de interceptaciones ilegales

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó este miércoles la acusación formal contra Andrés Peñate, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta participación en el escándalo de interceptaciones ilegales durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Según el ente investigador, Peñate habría integrado una estructura criminal que operó desde el interior del organismo de inteligencia y que tuvo como blancos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos de oposición y periodistas críticos del gobierno.
La acusación, sustentada durante una diligencia judicial, se centra en el periodo comprendido entre el 26 de octubre de 2005 —fecha en que Peñate asumió la dirección del DAS— y el 23 de octubre de 2008, cuando su sucesora, María del Pilar Hurtado, dejó el cargo. Ambos están señalados por la Fiscalía de haber articulado un entramado de seguimientos ilegales que operó de forma sistemática y bajo directrices compartidas.
Una operación prolongada y estructurada
“La organización criminal que se conformó prolongó su devenir, su designio criminal, hasta la administración de su sucesora”, afirmó el fiscal del caso, al explicar que Hurtado, exsecretaria general de Peñate, asumió la dirección del DAS apenas un día después de su salida y continuó con el esquema de interceptaciones.
El fiscal también aseguró que la información recabada de forma ilegal era entregada periódicamente a Bernardo Moreno, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), hoy condenado por el mismo escándalo. La entrega de los documentos se realizaba a través de un sistema llamado “valija”, un maletín de seguridad al que solo Peñate y Moreno tenían acceso mediante una clave compartida.
“Frente a este particular, la información fue entregada al director del DAPRE […] y esas reuniones tuvieron una denominación que se llamaba revista de documento”, señaló el delegado del ente acusador.
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Las víctimas: magistrados, periodistas y líderes políticos
Entre las víctimas de estas actividades ilegales figuran la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, magistrados de la Corte Suprema interceptados desde 2007, así como periodistas y otros opositores del gobierno de la época. Algunos de los seguimientos fueron ejecutados por agentes encubiertos como Alba Luz Flórez Gelvez, conocida con el alias de ‘Mata Hari’.
Este caso hace parte del amplio expediente judicial sobre las llamadas "chuzadas del DAS", una operación ilegal de inteligencia que se convirtió en uno de los mayores escándalos de violación a derechos fundamentales durante la administración de Álvaro Uribe. La justicia ha determinado que estas prácticas buscaron obstruir procesos judiciales, coaccionar a opositores políticos y desinformar sobre las actividades de la Corte Suprema, en momentos de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el alto tribunal.
Antecedentes judiciales del caso
La exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado fue condenada en Colombia en 2015, tras ser extraditada desde Panamá, por su papel en estas operaciones ilegales. Bernardo Moreno también fue hallado culpable. Con la acusación contra Andrés Peñate, quien había sido considerado hasta ahora como un “reformador” del DAS tras su paso por el Ministerio de Defensa, la Fiscalía sostiene que la operación ilegal tuvo una continuidad planificada entre ambas administraciones y no fue producto de acciones aisladas.
La Corte Suprema de Justicia definirá el curso del juicio contra Peñate, quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.