Condena histórica a Uribe: los ataques a la justicia tras la sentencia

Tras la condena a Uribe, la jueza Sandra Heredia ha sido blanco de ataques, amenazas y presiones que han encendido alarmas en la justicia colombiana.
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La histórica sentencia que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal no solo marcó un precedente judicial en Colombia, sino que desató una oleada de ataques y presiones contra la jueza Sandra Liliana Heredia, quien dictó el fallo.

El pasado viernes, la jueza 44 penal leyó la sentencia en medio de un ambiente enrarecido por filtraciones y tensiones. Heredia ordenó la prisión domiciliaria inmediata del exmandatario en su finca El Ubérrimo, en Rionegro, Antioquia, y su inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena. Pero incluso antes de conocer el contenido oficial del fallo, ya se habían registrado incidentes de presión directa.

Filtración de la sentencia y el posteo de Tomás Uribe

Uno de los episodios más graves ocurrió minutos antes de la audiencia de lectura, cuando Tomás Uribe, hijo del expresidente, publicó en la red social X un mensaje con contenido reservado del fallo, que solo debía conocerse durante la diligencia judicial. La publicación fue eliminada poco después, pero dejó en evidencia que la decisión había sido filtrada. La propia jueza denunció el hecho, en medio de un rifirrafe con el exmandatario durante la audiencia.

Desde entonces, la jueza Heredia ha enfrentado una escalada de amenazas, señalamientos y presiones públicas. Organizaciones judiciales y de derechos humanos han manifestado su preocupación por el riesgo a su seguridad e integridad. Su esquema de seguridad fue reforzado y diversas entidades, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y jueces penales de Bogotá, emitieron comunicados respaldando su actuación.

Comunicado de la Corte Suprema e injerencias desde EE. UU.

"La Corte Suprema manifiesta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones que sugieren que las decisiones judiciales no se ajustan al ordenamiento jurídico”, expresó el alto tribunal en un comunicado, advirtiendo además sobre el riesgo que estos ataques representan para la independencia judicial.

Los señalamientos también llegaron desde el exterior. Congresistas estadounidenses como Marco Rubio han calificado el fallo como un juicio político, sumándose a la narrativa de persecución sostenida por sectores del uribismo desde hace años. La situación motivó a organizaciones civiles y víctimas del caso a enviar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, pidiendo pronunciamientos internacionales.

Amenazas a la jueza Heredia y su familia

En paralelo, se denunció una amenaza directa contra la familia de la jueza Heredia. Nicolás Jurado Monsalve, testigo a favor de Uribe, publicó un video retomando información de Revista Semana, en el que advirtió públicamente que ya conocían el lugar de residencia de la familia de la jueza, a quien tildó de “corrupta y de izquierda”. El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía investigar el hecho.

Este escenario de hostilidad no es nuevo. Desde 2018, cuando la Corte Suprema abrió la investigación penal contra Uribe, distintos magistrados y jueces que han llevado el caso han sido blanco de campañas de desprestigio y estigmatización. A lo largo del proceso, muchas de esas campañas han sido impulsadas desde el Centro Democrático y amplificadas por ciertos sectores de la prensa.

El presidente de Asonal Judicial, Jairo Alberto Amezquita, expresó su preocupación por las consecuencias de esta presión sistemática: “Se está buscando deslegitimar la función jurisdiccional y socavar la independencia de los jueces en Colombia”.

Lo que viene tras la apelación de Uribe Vélez

Uribe apeló la sentencia. El Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de revisar la decisión de la jueza Heredia. Mientras tanto, el exmandatario permanece en detención domiciliaria en su hacienda, esperando que el fallo se confirme o sea revocado en segunda instancia.

El caso Uribe no solo será recordado por su impacto judicial, sino por haber puesto a prueba la fortaleza institucional del país y la independencia de su justicia en medio de un clima político y mediático altamente polarizado.


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