Las masacres por las que Álvaro Uribe podría enfrentar un nuevo juicio en Colombia

Álvaro Uribe podría enfrentar otro juicio por su presunta participación en masacres en Antioquia, catalogadas como delitos de lesa humanidad.
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Álvaro Uribe enfrentaría nuevo juicio

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, recientemente condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal, enfrenta ahora la posibilidad de un nuevo juicio por su presunta implicación en varias masacres cometidas en Antioquia durante su gobernación (1995-1997). La investigación, revelada por Señal Investigativa, detalla crímenes que la Corte Suprema ha catalogado como delitos de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben.

Las masacres de San Roque y la Hacienda Guacharacas

Entre junio y septiembre de 1996, en el municipio de San Roque, Antioquia, se perpetraron tres masacres cerca de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. Según testimonios de exparamilitares, estos ataques habrían sido una represalia por un ataque del ELN a finales de 1995, en el que incendiaron la hacienda y robaron ganado y caballos de paso fino.

El testigo clave Juan Guillermo Monsalve asegura que Uribe, junto con su hermano Santiago, ordenó “limpiar la zona” y asesinar a supuestos colaboradores de la guerrilla. Otro exparamilitar, Pablo Hernán Sierra, corroboró esta versión.

  • 14 de junio de 1996: Ocho personas fueron asesinadas en el corregimiento de Providencia.
  • 13 de julio de 1996: En la vereda La María, paramilitares ejecutaron a ocho campesinos tras reunirlos en la cancha del corregimiento.
  • 14-17 de septiembre de 1996: Seis campesinos fueron sacados de sus casas y asesinados en lo que se recuerda como la Masacre de Providencia.

En total, las tres masacres dejaron 18 víctimas. En 2023, Uribe fue citado por la Fiscalía a rendir versión libre sobre estos hechos.

La masacre de El Aro, 1997

Otro caso que mantiene a Uribe bajo investigación es la Masacre de El Aro, perpetrada en Ituango entre el 22 y 31 de octubre de 1997, en la que 15 campesinos fueron asesinados y decenas desplazados. De acuerdo con el exmagistrado Rubén Darío Pinilla, la operación fue ejecutada por paramilitares en complicidad con miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y funcionarios de la Gobernación de Antioquia.

Los testimonios recogidos apuntan a reuniones de coordinación entre autoridades y paramilitares, así como a una estrategia para expulsar a la guerrilla sembrando terror en la población civil.

El testigo que fue asesinado

Uno de los relatos más contundentes provino de Francisco Villalba, alias Cristian Barreto, un exparamilitar que participó en la masacre y denunció públicamente que Álvaro Uribe, siendo gobernador, lo condecoró después de los hechos. Villalba aseguró que la lista de personas a asesinar fue entregada por un alto mando del Ejército. Tras sus declaraciones a medios y a la Comisión de Acusaciones, Villalba fue asesinado en su vivienda.

Crímenes sin prescripción

Tanto las masacres de San Roque como la de El Aro han sido reconocidas como delitos de lesa humanidad, lo que implica que la justicia puede investigarlas y juzgarlas en cualquier momento de la historia. Las víctimas y sus familias insisten en que los responsables políticos y militares aún no han pagado por estos crímenes.

La reciente condena a Uribe por manipulación de testigos ha reforzado las demandas de que se investigue a fondo su papel en estos hechos. Organizaciones de derechos humanos advierten que el país enfrenta una oportunidad histórica para esclarecer la verdad y garantizar justicia a las víctimas.


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