Justicia para Diego Felipe Becerra: Corte confirma condena del patrullero que mató al joven grafitero

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó este lunes 4 de mayo la condena impuesta al patrullero Wilmer Alarcón Vargas por el homicidio del joven grafitero Diego Felipe Becerra.

El pronunciamiento de la entidad se da luego del recurso de casación presentado por la Procuraduría General de la Nación, que cuestionaba la dosificación de la pena aplicada en instancias anteriores.

De acuerdo con la Corte, quedó plenamente demostrado que el 19 de agosto de 2011 el uniformado disparó por la espalda contra el joven de 16 años, quien no representaba ninguna amenaza, pues únicamente portaba latas de pintura y ya había sido requisado previamente. 

El alto tribunal reiteró que el agente actuó de manera dolosa, es decir, con conocimiento y voluntad de causar daño, descartando cualquier hipótesis de accidente o uso legítimo de la fuerza.

Asimismo, la sentencia señala que el policía no solo hizo un uso desproporcionado de su arma de dotación, sino que posteriormente intentó encubrir lo sucedido, atribuyendo falsamente a la víctima la posesión de un arma de fuego, la cual fue implantada en la escena con ayuda de otros implicados.

Finalmente, la Corte mantuvo en firme los demás aspectos del fallo, incluyendo la responsabilidad penal del patrullero, reiterando la gravedad de los hechos y la vulneración del derecho fundamental a la vida.

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El contexto: La noche del 19 de agosto de 2011, Diego Felipe Becerra, de 16 años, se encontraba con tres amigos pintando grafitis con aerosol en el puente de la Avenida Boyacá con calle 116, en Bogotá. Una patrulla llegó al lugar tras recibir un reporte sobre un presunto atraco a un bus atribuido a jóvenes armados. 

Al notar la presencia de los uniformados, los adolescentes huyeron. El patrullero Wilmer Alarcón interceptó a Diego Felipe, le hizo una requisa y encontró únicamente un morral con latas de pintura, sin ningún vínculo con el delito reportado. Pese a eso, cuando el joven volvió a correr, el patrullero le disparó por la espalda a unos 150 centímetros de distancia.

Lo que estuvo en discusión: el encubrimiento

Este caso no fue solo sobre el disparo, sino sobre la maquinaria institucional que intentó encubrirlo. Ese mismo día, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá difundió en medios de comunicación una versión falsa: Diego Felipe fue señalado públicamente como un ladrón y se intentó hacer pasar al patrullero como alguien que actuó en defensa propia.

La investigación reveló que los oficiales involucrados buscaron testimonios falsos para justificar la muerte del joven, cuando en realidad no estaba armado ni había intentado asaltar ningún bus. Los análisis forenses de Medicina Legal confirmaron que el cuerpo de Diego Felipe no tenía residuos de pólvora, lo que desmontó la versión policial.

Además, otros uniformados fueron condenados por conseguir un arma de fuego que fue implantada en la escena del crimen para encubrir el homicidio. El caso llegó a involucrar a altos mandos: se comprobó que hubo encubrimiento y destrucción de pruebas por parte del general retirado Francisco Patiño, y manipulación de elementos por parte del coronel retirado Nelson de Jesús Arévalo, condenado a más de 20 años de prisión.

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La presión de la sociedad civil y la familia

La lucha fue larga y encontró múltiples obstáculos institucionales. La Procuraduría llegó a absolver a varios oficiales, e incluso rechazó la apelación de los padres de Diego Felipe argumentando que no eran parte del proceso. Fue la Corte Constitucional la que reactivó la investigación disciplinaria y ordenó reconocer a los padres como sujetos procesales.

El patrullero Alarcón, aunque condenado en 2016, fue dejado en libertad en algún momento del proceso, y no fue sino hasta 2021, diez años después del crime, que la Fiscalía lo capturó en Yopal, Casanare. La familia señaló que si el operativo lo hubiera realizado la Policía y no la Fiscalía, nunca lo habrían capturado.

La presión social fue sostenida y transformadora. El asesinato de Diego Felipe impulsó una revisión de las políticas sobre el grafiti en Bogotá e inspiró a una nueva generación de artistas urbanos a usar su arte como herramienta de denuncia. Sus padres, Liliana Lizarazo y Gustavo Trejos, se convirtieron en referentes de la lucha por los derechos humanos y fundaron la Fundación Tripido.

El punto más simbólico llegó en 2023: el Estado colombiano, en un acto sin precedentes, ofreció perdón público ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Gustavo Petro, el director de la Policía y el ministro de Defensa participaron en la ceremonia. La madre del joven, Liliana Lizarazo, afirmó: "Ha sido una tarea difícil pero hoy, con orgullo, puedo decir que la cumplimos y resistimos".

El caso se convirtió en uno de los emblemas colombianos de la violencia policial, la impunidad y la lucha ciudadana contra ella.

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