Justicia desbloquea recuperación de más de 1.000 hectáreas de tierras en el Cesar

Un proceso agrario con más de tres décadas de historia dio un giro decisivo. La Corte Constitucional, mediante auto de seguimiento No. 1732 de 2025, ordenó levantar la medida cautelar de suspensión provisional que pesaba sobre las resoluciones No. 481 del 1 de abril de 2013 y No. 3322 del 9 de septiembre de 2013, proferidas por el extinto INCODER.

Esas resoluciones habían declarado la indebida ocupación de predios que integran la Hacienda Bellacruz —hoy conocida como La Gloria—, ubicada en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el César. Un despacho del Distrito Judicial de Bucaramanga acató la orden y formalizó el levantamiento.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, celebró la decisión en redes sociales y cifró en más de 1.000 hectáreas la extensión de los baldíos cuya recuperación queda desbloqueada. Al referirse a quien tomó la determinación en la Corte, Carvajalino fue directa: "Llega la justicia de la mano de una magistrada".

Importantísima sentencia de la justicia transicional de restitución de tierras en Colombia. Levanta la medida de suspensión de las decisiones administrativas y permite que cumpla la postergada ejecución de un proceso de recuperación de baldíos de la nación sobre más de 1000… pic.twitter.com/iinyhpCTfH

— Martha Carvajalino (@MCarvajalinoV) May 4, 2026

Tres décadas de litigio sobre tierras declaradas baldías

El origen del caso se remonta a 1994, cuando el INCORA declaró los predios baldíos de la Nación mediante un proceso de clarificación. La ministra Carvajalino resumió el peso histórico del expediente: "Un predio donde masacraron campesinos, un predio que el Incora, autoridad administrativa, declaró baldío de la Nación al resolver en 1994 un proceso de clarificación".

No fue sino hasta 2011 cuando el INCODER inició formalmente el procedimiento administrativo de recuperación, mediante la Resolución No. 2294 del 5 de septiembre de ese año. En 2013, las sociedades MR de Inversiones S.A.S. y Fiduciaria Davivienda S.A. demandaron en la justicia agraria para que se declarara la ilegalidad de esas decisiones y se impidiera su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Ese mismo año, el INCODER culminó el proceso administrativo con las resoluciones hoy reactivadas.

En 2016, la Corte Constitucional zanjó el fondo del asunto en sentencia de unificación SU-235: los predios son baldíos y su recuperación debe ejecutarse para destinarlos a reforma agraria. Pese a esa orden, una medida cautelar paralizó su cumplimiento desde marzo de 2021.

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La Corte marcó el límite de las cautelas

El despacho de Bucaramanga fundamentó el levantamiento en el artículo 235 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que faculta al juez o magistrado para modificar o revocar una medida cautelar cuando los requisitos que la sustentaron ya fueron superados. La Corte fue explícita en el Auto 992 de 2025: tanto suspender el proceso de revisión agraria como mantener indefinidamente la medida "son decisiones que impactan el cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016".

Carvajalino, cuyo ministerio tiene tutela directa sobre la Agencia Nacional de Tierras, entidad a quien la providencia le ordena actuar, señaló la consecuencia inmediata: "Ahora deberá la Agencia de Tierras terminar la recuperación de los bienes baldíos y proceder a su adjudicación".

Con la cautelar retirada, la Agencia Nacional de Tierras debe retomar y concluir el proceso sobre los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel. La Corte Constitucional ha calificado el caso como un punto de confluencia entre acaparamiento de tierras, violencia paramilitar y desplazamiento forzado en el sur del César.

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