La violencia minera en Perú alcanzó un nuevo y doloroso punto crítico. Trece trabajadores vinculados a la empresa minera Poderosa fueron hallados muertos este domingo en el interior de una mina de oro ubicada en Pataz, en la región andina de La Libertad, al noroeste del país. El hallazgo se produce días después de que se denunciara su secuestro a manos de presuntos grupos armados ligados a la minería ilegal.
La tragedia revive el debate sobre el control territorial de zonas auríferas y la penetración del crimen organizado en sectores extractivos. Aunque Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde febrero de 2024, las autoridades han sido incapaces de frenar la violencia que ha cobrado decenas de vidas, incluso con presencia policial reforzada.
13 trabajadores ejecutados en Pataz, en terrenos de la minera Poderosa, y el Gobierno dudó de la veracidad del secuestro pese a denuncia.
Este es el resultado de las leyes pro crimen y la ineficacia del Ejecutivo, que trabaja a espaldas de la población. Ni los estados de… pic.twitter.com/r2Onkxaljr— Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) May 4, 2025
El crimen en la mina y el poder de las bandas
La minera Poderosa, cuyas instalaciones fueron escenario del secuestro, señaló en un comunicado que los responsables del múltiple asesinato serían “mineros ilegales coludidos con elementos criminales”. Las víctimas trabajaban para una compañía que prestaba servicios a Poderosa, una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y que ha sido blanco constante de estos grupos.
“Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores”, detalló la empresa. Imágenes divulgadas por las autoridades muestran a agentes explorando los socavones con linternas, mientras los cuerpos continúan en el lugar del crimen.
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Una zona en crisis y un Estado desbordado
Pese al estado de emergencia y la presencia policial desde hace más de un año, la minera asegura que ya suman 39 los trabajadores y colaboradores asesinados por bandas criminales en la zona. “La espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial”, alertó Poderosa, que exige una revisión urgente de la estrategia de seguridad nacional.
El gobierno de Dina Boluarte anunció el despliegue de equipos de élite para capturar a los responsables. “Nuestros agentes están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan”, señaló el Ministerio del Interior.
Dolor familiar y reclamo de justicia
“A mi hermano y a sus compañeros los han torturado y matado. ¿Cómo es posible que la policía no haya hecho nada?”, expresó Emilia Rospigliosi, hermana de una de las víctimas, al canal Latina. La impotencia y la indignación marcaron las reacciones de los familiares, que esperan el traslado de los cuerpos a la ciudad de Trujillo.
“Queremos justicia, que esto no se quede allí nomás”, dijo Abraham Domínguez, padre de otro de los asesinados, en declaraciones a Canal N.
Crece el crimen organizado en Perú
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos, anunció que se reunirá este lunes con la presidenta Boluarte. “No soy revoltoso, pero me duele lo que pasa en mi pueblo. Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el gobierno central”, afirmó entre lágrimas.
Perú enfrenta una creciente ola de violencia ligada al crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal. Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera del país identificó movimientos sospechosos por más de 8.200 millones de dólares vinculados a la extracción ilícita de minerales.
