Esta convocatoria espera beneficiar a 5.000 jóvenes de todas las regiones del país con la regularización de su situación militar o el servicio social para la paz.
El alto tribunal señaló que el Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable y que una vez culmine la legislatura 2025-2026 no formará parte del ordenamiento jurídico.