Superintendente Cielo Rusinque denuncia amenazas e intimidaciones por investigación a contratos de blindados de la UNP

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, denunció este lunes 22 de diciembre de 2025 que ha sido objeto de intimidaciones, amenazas y presiones indebidas que buscarían interferir en decisiones que su despacho debe adoptar dentro de una investigación relacionada con contratos de vehículos blindados para la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La funcionaria hizo pública la denuncia en un video divulgado en redes sociales de la entidad, en el que describe una secuencia de acciones que califica como coordinadas y orientadas a condicionar los pronunciamientos de fondo que están por venir en procesos que, afirmó, involucran presuntas conductas de colusión y el presunto incumplimiento de instrucciones durante visitas administrativas.

Rusinque sostuvo que, en un país como Colombia, cuando una entidad técnica intenta ejercer su mandato con eficacia, el costo puede traducirse en formas de presión que van desde el desgaste jurídico y mediático hasta riesgos de seguridad, y llamó a la ciudadanía a respaldar a las instituciones.

“Acciones deliberadas, coordinadas”: la denuncia pública y el origen de la alerta

En el video, la superintendente dijo que pone en conocimiento “el desarrollo de un conjunto de acciones deliberadas, coordinadas, orientadas a intimidarme e incidir en las decisiones pendientes en las distintas investigaciones que están en curso en la entidad con relación a presuntas conductas de colusión del Servicio de Prestación de Vehículos Blindados a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el presunto incumplimiento de instrucciones en las visitas adelantadas en el marco de esta actuación”.

Rusinque afirmó que conoció la información desde el 13 de noviembre, en presencia de uno de sus asesores, luego de una conversación con “un reconocido abogado penalista del país”, quien le advirtió sobre “la existencia de una estrategia encaminada a manipular mi capacidad de decisión sobre los pronunciamientos de fondo que están por venir en esa investigación”.

El “cerco” jurídico y el intento de deslegitimar la competencia de la SIC

La superintendente aseguró que el plan buscaría instalar la imagen de una funcionaria que actúa de forma “ilegal y arbitraria”, mediante un asedio que incluiría acciones disciplinarias y penales. En su relato, el objetivo sería correr el eje del debate: sacar del centro las investigaciones por contratación y llevarlo a una controversia sobre los alcances de la autoridad de inspección, vigilancia y control de la SIC.

En ese punto, Rusinque planteó que una línea de ataque consistiría en sugerir que la Superintendencia no tendría competencia para requerir información que repose en teléfonos móviles, computadores u otros dispositivos vinculados con la actividad empresarial de agentes del mercado inspeccionados. También habló de una estrategia paralela de descrédito para sembrar dudas sobre la probidad de la actuación administrativa y presentar la investigación como desproporcionada.

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Qué investiga la SIC en el caso UNP y por qué es un expediente sensible

La denuncia se conecta con un frente de control sobre el mercado de la prestación de vehículos blindados para la UNP, un servicio crítico para el esquema de protección de personas en riesgo extraordinario o extremo. En ese ámbito, la SIC ha sustentado actuaciones en el marco del régimen de libre competencia y en el desarrollo de visitas administrativas.

En antecedentes conocidos de la propia entidad, se ha señalado que la investigación incluye hipótesis de acuerdos anticompetitivos y conductas que podrían afectar la prestación del servicio. Rusinque, en su pronunciamiento, insistió en que lo que está en juego es la capacidad institucional para regular mercados con impacto directo sobre la vida e integridad de personas protegidas.

La referencia a precedentes judiciales y la disputa por el relato público

Rusinque también se refirió a una publicación de prensa que, según dijo, presentó de forma “malintencionada y exclusiva” la posición de los investigados y enfatizó la supuesta falta de facultades de la SIC para realizar visitas administrativas. En ese mismo apartado mencionó al exsuperintendente Pablo Felipe Robledo, a quien atribuyó recordar que el asunto de las competencias fue definido hace años por la Corte Constitucional y reiterado en el Consejo de Estado y otros tribunales.

Su tesis de fondo fue que se intenta “viciar la capacidad institucional de la SIC”, convirtiéndola en “una entidad de papel carente de eficacia real en la regulación de los mercados”.

Riesgos de seguridad: seguimientos, alertas a la UNP y un llamado final

La superintendente afirmó que el asunto es “de la mayor gravedad” y lo enlazó con un episodio de seguridad: dijo que hace algunos meses su esquema fue objeto de seguimiento y de un intento de ataque armado por motocicletas de alto cilindraje con parrillero cerca de su domicilio, situación que, según su versión, fue advertida en dos ocasiones a la UNP.

“Quiero dejar claro ante la ciudadanía que no cederemos ante las intimidaciones, no lo haremos frente a esta fase del plan que he descrito ni frente a las advertencias adicionales que hemos recibido”, declaró, antes de cerrar con un llamado a “mantenerse alerta” y a no dejarse confundir “por la desinformación”, en un contexto que —según planteó

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