“El soldado no es un esclavo”: presidente Petro reafirma dignidad de la Fuerza Pública

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a lo que calificó como un “desinforme lastimero” sobre la situación de la Fuerza Pública en Colombia. La publicación, divulgada por la revista Semana, describe un supuesto escenario de desfinanciación en las instituciones militares y policiales, atribuyendo al gobierno una supuesta incapacidad para garantizar el funcionamiento de las operaciones en todo el país.
A través de su cuenta oficial de X, el mandatario desmintió la narrativa expuesta en el reportaje y reafirmó que el Estado tiene una responsabilidad superior con quienes portan el uniforme: “El soldado no es un esclavo, sino un ciudadano libre, en armas y al servicio de su pueblo”, escribió.
En su pronunciamiento, el presidente hizo énfasis en que la relación entre la sociedad y su fuerza pública no puede basarse en la instrumentalización ni en la propaganda, sino en la dignificación del ser humano. “Cuidamos jóvenes uniformados como nuestros hijos, eso es lo que siento en mi corazón. Están bajo mi cuidado, porque mi corazón no almacena odios, sino amores”, señaló.
Ha salido un desinforme lastimero sobre la fuerza pública en Colombia, que, simplemente, es mentiroso.
La familia entrega su jóven al estado para defender los principios de la república, lo hace, esperanzada en su hijo o hija y en el futuro de la Patria, que, conjuntamente, aman…— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 12, 2025
Ningún soldado con hambre ni sin educación: un principio de Estado
En una clara contraposición al enfoque dado por el medio, el jefe de Estado recordó que su gobierno ha tomado decisiones concretas en defensa de los derechos de los soldados regulares. Entre ellas, el aumento de su bonificación hasta igualarla al salario de un trabajador formal.
“No hay razón alguna para que el soldado o soldada de la patria deba ganar menos, al arriesgar su vida joven. Lo prometí y lo cumplí”, afirmó el presidente. “Ningún soldado desnutrido o hambriento habrá en mi gobierno, ningún soldado sin educar”.
El presidente también cuestionó la utilización de las dificultades fiscales del país como herramienta para socavar la legitimidad institucional. Reiteró que si bien existen restricciones presupuestarias heredadas y bloqueos derivados de decisiones fiscales pasadas, su gobierno ha priorizado inversiones clave para garantizar el funcionamiento de la fuerza pública.
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Una respuesta política y ética al modelo de guerra heredado
Más allá de los recursos, el mandatario planteó una visión estructural del papel de las fuerzas militares en una democracia: “Desde el momento en que una familia entrega su hijo o hija al Estado, ese joven pasa a ser responsabilidad del Estado, que debe comportarse como un padre. Eso significa nutrir cuerpo y alma”, expresó.
El modelo de seguridad que propone el gobierno parte del principio de soberanía, pero también del rechazo a una lógica de sacrificio ciego. “Después del ser humano y sus valores, viene el poner el arma al servicio del pueblo y de sus derechos”, escribió.
En esa línea, el presidente también anunció que su voluntad es modernizar todo el armamento de la fuerza pública, no para aumentar el conflicto, sino para devolverle al pueblo colombiano el control sobre su capacidad de defensa.
Lo que Semana omite: inversión, reforma y transformación institucional
El reportaje de Semana omite deliberadamente el contexto fiscal heredado y las decisiones que han buscado aliviar las tensiones presupuestales. El propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha explicado que el déficit operativo responde a la no aprobación de una reforma tributaria estructural que habría permitido dotar de mayores recursos a todos los sectores del Estado, incluida la seguridad.
A pesar de esas restricciones, el gobierno ha ordenado inyecciones extraordinarias al sector defensa, como los 800.081 millones de pesos movilizados mediante decreto de conmoción interior, y otros 336.000 millones descongelados para operaciones prioritarias. Lejos de una desatención, se trata de una redistribución responsable y progresiva que pone en el centro la vida de los ciudadanos.