“Efraín Cepeda violó mis derechos fundamentales y los del pueblo colombiano, que es el soberano. Y por hacer trampa, excedió los 30 días en los cuales debía pronunciarse el Congreso, la consulta se puede decretar”, dijo la senadora María José Pizarro luego de conocerse el fallo sobre la tutela que puso luego de la votación de la consulta popular en el Senado.
La senadora explicó más detalles de lo que se dio a conocer con el fallo y con ello dar información veraz frente a la desinformación de algunos congresistas, entre ellos Andrés Forero del Centro Democrático.
El congresista Forero citó en un trino que el pasado 20 de mayo se votó en contra de reabrir la consulta popular, sin embargo, la senadora explicó que ese día se votó fue una apelación a la decisión de Efraín Cepeda de no discutir una proposición de la Senadora Isabel Zuleta.
“Falso. Qué falta de rigurosidad representante. (..) Le invito a ver la plenaria completa y no desinformar”, escribió en redes sociales Pizarro.
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De esta forma, la senadora explica que lo que se falló a favor con la tutela fue la votación del pasado 14 de mayo cuando denunciaron irregularidades en la votación en el Senado por la consulta popular.
Este fallo ahora indica que en un plazo de 48 horas se debe repetir la votación en el Senado sobre la consulta popular, puesto que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, incurrió en irregularidades, puesto que declaró rechaza la consulta sin haber resultado una apelación presentada por la senadora dentro del plazo reglamentario.
Falso. Qué falta de rigurosidad representante.
Le cuento: lo que se negó ese día fue mi apelación a la decisión de Efraín Cepeda de no discutir una proposición de la Senadora Isabel Zuleta. Le invito a ver la plenaria completa y no desinformar https://t.co/R0nfldd6Zb— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 7, 2025
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La sentencia también señala que el incumplimiento de los términos establecidos por la Ley Quinta para resolver el recurso de apelación no solo afecta el debido proceso parlamentario, sino que abre la puerta a un mecanismo de participación ciudadana que no puede ser bloqueado de manera arbitraria.
Esta decisión judicial reconfigura el escenario legislativo tras la controversia del pasado 14 de mayo, cuando la consulta fue archivada en medio de denuncias de fraude procesal, apelaciones ignoradas y confusión en el conteo de votos.
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