El 28 de abril de 2021, en plena pandemia, Colombia vivió el inicio de una de las movilizaciones sociales más grandes de su historia reciente. Lo que comenzó como una protesta contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque se convirtió en un estallido social que desbordó las calles del país con un grito colectivo.
A cuatro años del paro nacional, las heridas siguen abiertas, como lo mostró en la noche del domingo el programa Señal Investigativa. Según la organización Temblores, entre abril y julio de 2021 se registraron 40 asesinatos por parte del ESMAD, más de 1.700 casos de violencia física, 103 lesiones oculares, 35 denuncias de violencia sexual y cerca de 900 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública. Sin embargo, la gran mayoría de estos hechos siguen en la impunidad.
El caso contra el concejal Andrés Escobar
El caso del concejal de Cali Andrés Escobar, quien en mayo de 2021 fue grabado disparando contra manifestantes, es uno de los pocos que ha avanzado judicialmente. Aunque su juicio ha sido aplazado en múltiples ocasiones —al menos cinco veces desde diciembre de 2023, algunas por solicitud de su defensa—, la Fiscalía ha presentado un escrito de acusación que podría llevarlo a enfrentar hasta 18 años de prisión.
Esta semana volvió a ser noticia tras protagonizar una agresión física contra un líder social durante una sesión del Concejo de Cali, hecho que reavivó las tensiones en torno a su rol en la protesta y su conducta como funcionario público.
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El caso de Sebastián Quintero
Jóvenes como Sebastián Quintero, asesinado en Popayán presuntamente por una bomba aturdidora del ESMAD, aún no tienen justicia. Incluso, la Fiscalía ha solicitado archivar procesos pese a contar con pruebas contundentes, argumentando que no hubo homicidio. Señal Investigativa habló con familiares, amigos de Quintero y el abogado que lleva su caso: hay testigos que no han sido escuchados por la Fiscalía y hay quienes temen represalias por hablar del hecho.
Otros nombres también resuenan en la memoria del país: Nicolás Neira y Dilan Cruz, asesinados en protestas anteriores por el accionar policial. A ellos se suman las víctimas del estallido de 2021, muchas de las cuales han sido silenciadas no solo por la violencia, sino también por la falta de acción institucional.
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Secuelas del estallido y criminalización de la protesta
Más allá de la represión, el estallido social dejó huellas imborrables. Espacios como Puerto Resistencia en Cali o el Portal de la Resistencia en Bogotá se convirtieron en símbolos de una lucha por dignidad y oportunidades. Murales, canciones y actos conmemorativos mantienen viva la memoria de los caídos y de quienes perdieron parte de su visión por armas “no letales”.
También hubo criminalización. Jóvenes detenidos sin pruebas, acusados de terrorismo, como el caso de Greissy Perilla, a quien las autoridades le dieron el alias de “La Pola”. La condena de Perilla, que está siendo revisada por solicitud de la misma Fiscalía, revela cómo se intentó deslegitimar la protesta como si fuese una amenaza al orden, y no una legítima expresión del malestar ciudadano.
Colombia no fue la misma después del 2021. El 28 de abril ya no es solo una fecha, es símbolo de dolor y de esperanza. Una memoria que incomoda a algunos, pero que para miles representa el inicio de una transformación social aún en marcha. Las víctimas siguen esperando justicia. Y el país, verdad.
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