Las plenarias del Congreso avalaron la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que cambia las reglas de financiación de las instituciones de educación superior públicas. El proyecto pasa ahora a sanción del presidente Gustavo Petro.
Congreso aprueba reforma a la Ley 30 que refuerza la financiación de la educación superior pública
15 de Diciembre 2025, 7:11 PM
El proyecto que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 ya pasó todos los debates en el Congreso y quedó listo para sanción presidencial. La reforma ajusta los aportes de la Nación según los costos reales de funcionamiento de las instituciones públicas y recoge una de las principales banderas del movimiento estudiantil de la última década.
El Ministerio de Educación presentó la iniciativa como el cambio más importante en materia de financiación universitaria desde 1992. Durante años, las universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas advirtieron que el modelo atado únicamente al IPC se quedaba corto frente al crecimiento de la matrícula, los costos académicos y las exigencias de calidad.
“Hace diez años, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación pública para la universidad pública. Hoy podemos decir que aquello por lo que se movilizaron es hoy ley de la República”, señaló el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, al anunciar la aprobación del proyecto.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, celebró el logro desde su cuenta de X: "Lo que hicimos fue una revolución en las finanzas de la Nación para educación. Que nos digan derrochadores no importa, si el derroche mal llamado es para que la sociedad colombiana salga de la ignorancia y ponga las luces en el camino y no se deje engañar más", afirmó, al compartir una gráfica con el incremento que ha representado su gobierno para la financiación de las universidades públicas.
Los economistas miden las cosas a través de precios constantes y no corrientes, para no medir la inflación, sino el crecimiento o no, real de las cosas.
Estos son los presupuestos reales para educación pública en Colombia en los últimos gobiernos medida en pesos colombianos… pic.twitter.com/NsdYjYB9H9— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025
Qué cambia en la financiación de las IES públicas
La reforma actualiza los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y crea un nuevo esquema de asignación de recursos para las instituciones de educación superior públicas.
El cambio central es el criterio de actualización: los aportes de la Nación ya no solo estarán atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Ese indicador recoge mejor los gastos reales del sistema universitario (docencia, investigación, infraestructura, servicios, entre otros) y permite que los presupuestos crezcan de manera más cercana a las necesidades de las instituciones.
El Ministerio de Educación sostiene que esta fórmula corrige una inequidad acumulada durante tres décadas: mientras la matrícula y la oferta académica crecieron de manera sostenida, las transferencias de la Nación no acompañaron ese ritmo, lo que obligó a muchas universidades a operar al límite de su capacidad financiera.
Más presupuesto sin crear nuevos impuestos
El Gobierno destaca que el fortalecimiento financiero de la educación superior pública se ha venido construyendo desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, incluso antes de esta reforma.
En tres años, el presupuesto para las instituciones de educación superior públicas pasó de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones en 2025, incluyendo los recursos destinados a gratuidad. Para 2026, la proyección supera los 13 billones de pesos, sin creación de nuevos impuestos.
Con la entrada en vigencia de la reforma, el Ministerio calcula que en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón de pesos adicionales, que se sumarán a esa base. Esos recursos se orientarán a ampliar cobertura, mejorar calidad, fortalecer la investigación, cerrar brechas territoriales y consolidar procesos de regionalización de la educación superior.
El objetivo de mediano y largo plazo es que la inversión en educación superior pública alcance el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), una meta que acercaría a Colombia a los estándares de países de la OCDE en esta materia.
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Una victoria del movimiento estudiantil y de la comunidad académica
El Gobierno insiste en que este resultado no es solo un triunfo del Ejecutivo, sino de un proceso social y académico de larga data. Las movilizaciones estudiantiles de la última década pusieron sobre la mesa la insuficiencia de la financiación, la precariedad de la infraestructura en muchas sedes regionales y las dificultades para garantizar bienestar, permanencia y graduación a estudiantes de territorios excluidos. Rectores, profesores y organizaciones universitarias también advirtieron reiteradamente que el modelo financiero estaba agotado.
“El país ha entendido que sin educación superior pública fuerte no hay paz posible”, afirmó el ministro Rojas, quien anunció que el Ministerio radicará una reforma integral que reconozca la educación como un derecho y complemente el ajuste financiero ahora aprobado.
Con la decisión del Congreso, el Ministerio considera que se despeja un escenario mínimo de estabilidad para las instituciones públicas, que ahora contarán con reglas de juego más justas para planear a mediano plazo y responder a las demandas de acceso, permanencia y calidad de cientos de miles de jóvenes en todo el país.
Colombia cierra así el año con una señal de esperanza: la universidad pública vuelve a estar en el centro de la discusión presupuestal del Estado, ya no como un gasto prescindible, sino como una prioridad sostenida en el tiempo.
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