El Día Mundial del Reciclaje llega con una deuda histórica saldada por el gobierno Petro: protección social para los recicladores

Durante décadas, los recicladores colombianos sostuvieron buena parte de la economía ambiental del país sin que el Estado les garantizara un solo componente de protección social. Este Día Mundial del Reciclaje llega con ese déficit corregido. En marzo de 2026, el Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0271, la primera norma específica en la historia del país que garantiza protección social a quienes reciclan como modo de vida, sin convertirlos en empleados ni imponerles fórmulas laborales que desconozcan la realidad de su oficio. La norma entra en vigencia el 1 de julio.

El decreto, suscrito por los ministerios de Salud, Trabajo y Vivienda y por el Departamento para la Prosperidad Social, crea la Red de Protección Social para la Vida de las Personas Recicladoras de Oficio. Está dirigido a quienes realizan de manera habitual la recuperación, recolección, transporte y clasificación de residuos aprovechables, derivan su sustento de esa actividad, están asociados a una Organización de Recicladores de Oficio y perciben ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.

¿Qué garantiza la norma?

La Red tiene cuatro componentes. En salud, garantiza la permanencia en el régimen subsidiado para quienes ya están afiliados, mientras las alcaldías y gobernaciones deberán gestionar el ingreso de quienes aún no tienen cobertura.

En pensión, los recicladores podrán acceder al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión; quienes no cumplan los requisitos podrán vincularse a los Beneficios Económicos Periódicos — BEPS —, con un aporte del 5% de sus ingresos realizado por la organización de recicladores y un subsidio del 20% del Estado. Para la vejez, también podrán acceder al programa Colombia Mayor.

También puedes leer: Crisis de basuras en Bogotá supera las 23.000 zonas críticas y amenaza el reciclaje de oficio

Y en riesgos laborales, las organizaciones de recicladores deberán afiliar a sus asociados a una Administradora de Riesgos Laborales y asumir el pago de las cotizaciones, sin que eso implique relación laboral.

Uno de los puntos más importantes del decreto es su esquema de financiación: los aportes no recaerán sobre el ingreso del reciclador — la norma lo prohíbe expresamente — sino sobre los recursos provenientes de la tarifa de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo y de las actividades comerciales de las organizaciones.

Una deuda de más de dos décadas

La Corte Constitucional había reconocido a los recicladores como sujetos de especial protección constitucional desde las sentencias T-724 de 2003 y T-291 de 2009, y había ordenado a las autoridades adoptar medidas afirmativas a su favor. Ese mandato esperó más de dos décadas para materializarse en una reglamentación concreta.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue explícito sobre el alcance de la norma: "Este modelo reconoce el trabajo de los recicladores, garantiza su protección social y respeta su autonomía. No es una formalización forzada, es una solución estructural con enfoque social".

En Colombia hay aproximadamente 100.000 recicladores de oficio que separan en promedio el 17% de los residuos que de otra manera irían a los rellenos sanitarios. Hasta el 1 de julio, lo harán sin la red de protección social que cubre al resto de los trabajadores del país.