Presidente Petro ordena depurar lista de generales vinculados a mafias del oro

El presidente Gustavo Petro se reunió este martes en Cali con asociaciones de minería artesanal y de subsistencia, en el marco del Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, y ordenó a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional un plan de choque contra la corrupción que permite el avance de la minería ilegal en el país.

El mandatario denunció que en zonas críticas como Barbacoas y Samaniego, en Nariño, grandes maquinarias y dragas transitan libremente por retenes oficiales mediante el pago de sobornos. "Están entrando caravanas de maquinarias y pasan por retenes militares y no los detienen. ¿Por qué? Porque pagan una tajada allá, en esa zona, y entonces se quedan ciegos", dijo.

El mandatario reveló la existencia de investigaciones sobre mandos militares con presuntos vínculos en estructuras criminales dedicadas a la extracción ilícita de minerales, y fue directo sobre las consecuencias: "Hay una lista de generales incursos en asociaciones con mafias del oro, que no pueden seguir al servicio del Estado colombiano, y esa lista hay que depurarla".

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Las medidas ordenadas

El Presidente instruyó a los mandos regionales a diseñar un plan de acción que incluya la rotación permanente de personal en los distritos mineros, como mecanismo para evitar que los uniformados sean permeados por el poder económico de los grupos armados ilegales.

Señaló que el objetivo es recuperar el control de los túneles y ríos que hoy están bajo las órdenes de organizaciones como el Clan del Golfo. "La zona minera no puede seguir sin un Estado real que ejerza autoridad frente al crimen organizado", sostuvo.

El mandatario advirtió que los oficiales con vínculos probados con lo que llamó "economías de la muerte" no pueden continuar al servicio de la Nación, pues su permanencia socava la confianza de las comunidades y la efectividad de la política de seguridad.

El oro superó a la cocaína como negocio de las mafias

El jefe de Estado explicó que la minería ilegal del oro ha superado a la cocaína como el negocio más lucrativo para las organizaciones criminales, las cuales financian el sicariato, que hoy representa la mayor causa de mortalidad violenta en Colombia. Señaló que al no existir un control efectivo sobre la exportación del mineral, la riqueza nacional se fuga hacia el exterior —financiando incluso sectores inmobiliarios en otros países— mientras en el territorio local quedan violencia y contaminación por mercurio.

Frente a ese diagnóstico, el Gobierno propuso fortalecer la empresa pública Ecodorado, que busca formalizar a los pequeños mineros y comprarles su producción a precios internacionales competitivos. "Solo mediante la presencia de un Estado transparente y protector se podrá separar al minero tradicional de la influencia de los fusiles", dijo el presidente.

El vínculo con la crisis climática

Al cerrar su intervención, el Presidente enmarcó la lucha contra la minería ilegal dentro de su agenda de descarbonización y protección de la biodiversidad. Exhortó a la Fuerza Pública a ser el aliado principal de la transición hacia una economía productiva y limpia, y fijó un plazo concreto:

"En estos meses debemos ver resultados concretos en la recuperación de la soberanía minera y la protección de nuestra biodiversidad".

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